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Mega estafa: en Corrientes rechazaron la prescripción de la causa Boston Continental

La financiera tenía una sucursal en Posadas. Diez años después de haberse cerrado Boston Continental S.A. los más de 7.000 clientes estafados en Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa todavía esperan recuperar al menos una parte del dinero que la firma nunca les devolvió. La Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la ciudad de Corrientes resolvió que el juez de instrucción de origen declarase de oficio la prescripción de la acción respecto al delito de “estafa”, en el caso de Alejandro Saúl Rotella, imputado en la llamada Causa Boston. 

Ante esa decisión, la Fiscal de Instrucción N° 4 interpuso un recurso de casación y fundamentó ese planteo al señalar que la omisión de la rebeldía de Rotella como causal de suspensión del curso de la prescripción era inconstitucional.

Esa omisión trasgredía, sostuvo, el principio constitucional de igualdad ante la ley, puesto que los restantes procesados en la misma causa se hallan cumpliendo desde años atrás penas privativas de libertad- uno de ellos incluso ha sido condenado a 18 años de prisión-.

Según el fallo “resulta fácil colegir que esta decisión que se impugna se traduce en una especie de premio al imputado, que ha estado prófugo durante más de 6 años, asumiendo una identidad falsa, entorpeciendo el accionar de la justicia, de la cual se ha burlado todo este tiempo, máxime si se tiene en cuenta la índole de los bienes jurídicos afectados por la comisión de las reiteradas estafas, el número de damnificados y los montos siderales de dinero que fueron producto del ilícito, lo que sin lugar a dudas posibilitó que el imputado Rotella escapara del brazo de la justicia tanto tiempo sin poder ser localizado pese al estado público y notorio que tomó la causa y las pesquisas dirigidas a localizarlo”.

La Fiscalía expresó que Rotella manifestó “un desprecio absoluto” por los derechos de los damnificados, quienes luchaban por obtener una respuesta a sus reclamos. Ratificó su postura contraria a la de la Cámara al resaltar que las prerrogativas constitucionales no podían beneficiar a un rebelde “que consciente y deliberadamente decidió ponerse fuera del alcance de la ley, para luego pretender invocar tales garantías en su beneficio, cuando éstas operan dentro de un sistema de derecho, en el marco de un proceso judicial, al cual el imputado eligió no someterse”.

Los Ministros del STJ, en la sentencia Nº 251/17, revocaron la decisión de la Cámara, y dispusieron que las actuaciones fueran remitidas al Juzgado de Instrucción para que éste continuara con su sustanciación respecto de los delitos correspondientes al imputado  Alejandro Saúl Rotella. (Nova Corrientes)

Damnificados quieren recuperar sus ahorros

Diez años después de haberse cerrado la financiera Boston Continental S.A. los más de 7.000 clientes estafados en Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa todavía esperan recuperar al menos una parte del dinero que la firma nunca les devolvió.

Los damnificados habían realizado depósitos de dinero con la intención de recibir una retribución de hasta un 30% por mes. Estas operaciones fueron exitosas durante dos años, pero el 28 de diciembre de  2007 cuando la firma cerró miles de clientes se quedaron sin sus ahorros.

Ese día los ahorristas llegaron a las oficinas de la Galería Corrientes donde funcionaba la oficina central de la financiera y se encontraron con las puertas cerradas y un cartel en el que explicaban la existencia de un problema en el sistema informático. Prometían volver el 7 de enero, pero nunca regresaron.

Tras esto se iniciaron acciones judiciales contra los responsables de la firma que derivaron en dos causas por defraudación y asociación ilícita, y también se inició un tercer proceso en el fuero civil.

Bienes perdidos

Tras el inicio de la causa judicial los abogados representantes de los perjudicados por las maniobras financieras sostenían que, según el Ministerio Público Fiscal,  la empresa se había quedado con unos 50 millones de pesos de los ahorristas.

Pero, lo cierto es que debido a la falta de documentación y a que muchos de los bienes adquiridos por los sospechosos estaban a nombre de terceros, era difícil calcular el monto real de la estafa.

Ante esta circunstancia, tras el juicio oral en el que condenaron a un grupo de directivos, los jueces consideraron que la estafa representaba unos 9,5 millones de pesos.

Desde entonces los querellantes iniciaron una acción civil pero, según fuentes oficiales “lo incautado no es suficiente para cubrir el total de lo adeudado”.

La intención es rematar los automóviles y casas que habían comprado los imputados, entre ellos tres inmuebles, aunque uno de ellos es objeto de otra causa judicial.

La controversia es porque uno de los gerentes de Boston Continental pudo haber vendido la casa luego de haberse iniciada la acción penal en su contra.

Lo que dicen los damnificados es que la venta es nula por lo que la casa debería ser vendida para repartir el dinero, pero esta cuestión está irresuelta.

Existe también una camioneta Volvo, valuada en medio millón de pesos que está a disposición de la Basílica de Itatí, hasta tanto se ordene judicialmente el destino de ese rodado.

Lo que se espera es que en 2018 se pueda definir qué hacer con esos objetos y así al menos poder cubrir los honorarios de los abogados que intervinieron en los procesos judiciales.

Juicios

La megaestafa de la causa Boston Continental generó tres causas judiciales. Una llegó a debate, y en mayo de 2014 el Tribunal Oral Penal 2 de Corrientes condenó a Marcelo Melgarejo y Hugo Rotella -gerentes de la firma- a 16 años de prisión al ser considerados jefes y organizadores de una asociación ilícita.

En ese proceso la abogada, María del Carmen Montiel recibió la pena de cuatro años de prisión al ser considerada miembro de la asociación ilícita y Paula Breard, fue condenada a 2 años por el delito de encubrimiento.

Estas condenas quedaron firmes en 2016.

Otro proceso se inició en 2007, debido a que uno de los gerentes, Alejandro Rotela (H) estaba prófugo y con una identidad falsa. Lo apresaron en Chivilcoy en 2014 desde entonces está detenido en la Unidad Penal 6 de San Cayetano.

En aquella ciudad bonaerense había co­menzado a trabajar en  una fábrica de Motorhoms, en sociedad con un conocido de esa localidad.

Según dijo, éste socio conocía su identidad que era buscado por la Justicia. “Yo hacía los diseños y los planos. Pero yo no fi­guraba en los papeles. Y como se recaudaba mucha plata y mi socio sabía que me tenía que dar la mitad, me denunció, me traicionó para quedarse con todo el dinero”, dijo Rotella.

En 2016 Alejandro Rotella (H) pidió la prescripción de la causa por paso del tiempo y la Cámara de Apelaciones de Corrientes le dio la razón.

El 27 de diciembre de 2017 el Superior Tribunal de Justicia revirtió el fallo y mandó a que continúe la causa en su contra al considerar que estuvo prófugo por seis años.

Es que al contabilizar los años de prófugo y extinguir la causa, se abriría la posibilidad que imputados que son requeridos por la Justicia por otros delitos, en otros procesos judiciales, también serían beneficiados por el fallo.

Uno de éstos sería Juan Pedro “Vasco” Schaerer, imputado por delitos contra el Estado, prófugo en Paraguay desde hace más de diez años.
(Nova Corrientes) (Foto interna Alejandro Rotellla en la Unidad Penal 6 de Corrientes)

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