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Menos Justicia, Menos Mujeres, Más Impunidad

El próximo miércoles 26 de octubre de 2016 tendrá lugar en la Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento del proyecto de Ley que propone una reforma al Ministerio Público Fiscal, que tiene hoy como titular a la Procuradora General de la Nación la Dra. Alejandra Gils Carbó.

Es claro y evidente que la reforma afecta sustancialmente la autonomía del Ministerio Público Fiscal, configurando de este modo a priori, una decisión anticonstitucional. El proyecto de ley es manifiesto contrario al art. 120 de la Constitución Nacional que establece:

Artículo 120.- El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República.
Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca.

El citado artículo, a través de la asignación del carácter de autónoma y autárquica que le brinda al Ministerio Público Fiscal, pretende darle la posibilidad de programar y proyectar su propia política criminal para poder dejar de lado la “presión e influencia” política de esta con el Poder Ejecutivo, y poder de este modo garantizar una vez más la independencia de poderes y la aproximación a una “justicia independiente” con más seguridad jurídica.

Pese a lo que impone la ley suprema de nuestra nación, sancionada y modificada de modo democrático y cumpliendo los requisitos pertinentes para cumplir su carácter de legalidad, e ignorando el carácter del MPF de ser un órgano extra poder, tendrá que subordinarse a la aprobación de la Comisión Bicameral (creada a efecto) para:
• Establecer la conformación, fijar la sede y el ámbito territorial de las Fiscalías de Distrito.
• Disponer el traslado de los fiscales a una jurisdicción distinta de aquella donde fueron designados originalmente, conforme lo previsto en esta ley.
• Crear Procuradurías especializadas, Unidades Fiscales Especializadas y Direcciones Generales, designar a sus titulares y reglamentar los alcances y organización interna de cada una de ellas.
• Cubrir interinamente cargos vacantes hasta que se trate la designación definitiva de un titular

Estas modificaciones pretendidas a través del proyecto de ley en cuestión dejan una clara intención de subordinar a la “justicia” a amiguismos políticos e influencias de los partidos mayoritarios. Sentenciando de antemano, a cualquier fiscal que pretenda investigar cuestiones sensibles a un sector político, a pensarlo dos veces antes de encarar la investigación sabiendo que pone en riesgo futuras designaciones pretendidas. Lo que representa un retroceso y un achicamiento de la defensa de los intereses comunes de la sociedad. Llama la atención que el oficialismo que se ha encargado sistemáticamente de sentenciar a través de medios de comunicación afines a sus intereses, supuestos “actos de corrupción” (en la mayoría de los casos resultan insuficientes o ineficaces las “pruebas” aportadas) con el fin único, según acusan en su discurso, de brindar a la sociedad argentina seguridad y transparencia para que recobren la confianza en la “Política”, sea hoy quien promueve este proyecto de ley que no traerá más que confusión, desconfianza, ineficacia y corrupción a este órgano del poder judicial, ahora dependiente de los caprichos del partido político de turno.

Otro de los aspectos preocupante y hasta contradictorio es, que luego de haberse obtenido media sanción a la ley de paridad, se trate este proyecto que en la práctica impacta de manera discriminatoria y perjudicial a las mujeres que quieran ocupar cargos de gobierno dentro del MPF como así también a las mujeres que recurren al sistema de administración de justicia solicitando se investigue y se sancionen los hechos de violencia de género que sufren.

El proyecto de ley crea el Consejo General del MPF, las Procuradurías Especializadas, el Consejo Evaluador de Disciplina, el Tribunal de Enjuiciamiento y los Jurados de Concursos. Todos estos órganos deben estar integrados por fiscales generales que tengan más de 5 años de antigüedad. Estos requisitos no vienen acompañados de ninguna norma que garantice la participación igualitaria de las mujeres (salvo excepción del artículo 16 del proyecto).

Este dato no puede leerse sin tener en cuenta la gran brecha que existe en el acceso a la magistratura por parte de las mujeres y los varones, no solo por lo que es conocido como techo de cristal, el piso pegajoso, sino también que se encuentra acreditada mediante investigaciones que las mujeres tardan más en acceder a la magistratura, la que se condice con la edad en la cual se finaliza la etapa de reproducción y crianza.

Asimismo aunque la ley venga acompañada de medidas que garanticen la paridad, existen pocas mujeres con cargo de fiscal general ( de un total de 293 fiscales y fiscales generales, solo 84 son mujeres), cantidad que también vuelve a disminuir si le incorporamos el plazo de antigüedad de 5 años (52 mujeres del total de 84 asumieron durante los últimos 5 años) . Basándonos en la conformación actual y los requisitos a implementarse por esta reforma al MPF, solo 11 fiscales generales y 41 fiscales mujeres estarían en condiciones de ser seleccionadas para ocupar funciones en el Consejo General del Ministerio Público Fiscal, integrar jurados de concursos, ser fiscal de acusación de fiscales, integrar jurado de enjuiciamiento, ser Fiscal Coordinador de Distrito, titular de Procuraduría Especializada o de Unidad Fiscal Especializada, según el caso. Ambas exigencias (jerarquía y antigüedad en el cargo) resultan discriminatorios y expulsivos, impiden que las mujeres accedan a cargos de gobierno del organismo y a áreas especializadas.

Por ello suponiendo que se incorporaran cláusulas que garanticen la participación de las mujeres, como así también que se realicen concursos para incorporar mujeres al cargo de fiscales generales, con el requisito de 5 años, recién tendremos la posibilidad de cambiar la estructura de gobierno del MPF en ese plazo, sumado a que los cargos de gobierno y donde se proyectan la política criminal no presentan plazos de finalización más que el juicio político o la jubilación.

En síntesis el MPF va a ser un organismos conducido por varones, en donde la mirada y las experiencias de las mujeres, la perspectiva de género, la política criminal orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, a primeras luces resultará nula.

Un aspecto no menos importante es la técnica legislativa de la presente ley se encuentra exclusivamente escrita en masculino, utilizando por ello un lenguaje sexista, dando la percepción que las mujeres somos subsidiarias, secundarias o prescindibles. La técnica legislativa de este proyecto de ley va en contra de la “Guía para un uso igualitario y no sexista del lenguaje en la HCDN”, no receptando ninguna de las recomendaciones para una comunicación inclusiva, plural y democrática, que refleje las diferencias y la igualdad de voces.

Llama poderosamente la atención que el proyecto de ley no tenga prevista la creación legal de la UFEM, la cual tiene como finalidad pensar y crear estrategias de investigación y persecución de estos delitos perpetrados contra las mujeres, y el colectivo LGBTI. Todo ello en el contexto donde las mujeres estamos creciendo en organización y participación en todos los espacios públicos. Reclamando de manera organizada por el respeto a nuestra vida, como sujetas libres, autónomas y soberanas, donde se respete nuestro cuerpo y nuestras decisiones, nuestras sexualidades, donde la exclusión, la pobreza y la violencia dejen de ser lo normal.

Las Mujeres venimos transitando un camino de empoderamiento inigualable, somos conscientes, luchadoras y comprometidas con nuestro destino; sabemos que nunca más podemos permitir que se retroceda en materia de nuestros derechos. Por eso hoy repudiamos, despreciamos y nos oponemos a esta reforma injustificada propuesta por el Poder Político que encabeza Mauricio Macri, que lo único que busca es seguir oprimiéndonos y minimizando nuestros espacios de contención y reclamo para exigir el respeto de nuestros derechos. No van a poder doblegar nuestra lucha! Con nosotras no, Macri!

Por: *Lisel Avancini- Unidos y Organizados Misiones

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