SEGUINOS

POSADAS

Moteles: ¿Acceso libre o violación de la privacidad?

La sociedad posadeña se vio conmocionada tiempo atrás cuando una alumna de un colegio céntrico denuncio que su profesor de Historia la citó fuera del horario escolar y luego trató de abusar de ella en un motel ubicado no muy lejos del Centro. La chica, menor de edad, ingresó al lugar sin que se activaran mecanismos de alerta. Permisividad ¿por naturalidad? El Semanario /6p publica en su edición Nº 54 varias opiniones en relación a los rigurosos controles de ingresos que debieran tener, o no, esos albergues transitorios.

Según el intendente de la ciudad capital, Orlando Franco, se está cumpliendo en forma permanente todo lo que tenga que ver con leyes de Nocturnidad, de las ordenanzas de convivencia que tiene ingerencia en la vida nocturna “que es importantísimo”. “También estamos centrados en el control de todos los comercios de la ciudad de Posadas”, dijo.



 Por otra parte, el Jefe Comunal capitalino comentó que  los moteles están bajo las normativas de control municipal, lo que hace la Municipalidad son todos los controles referentes a bromatología, de la higiene así como de las habilitaciones correspondientes.



En relación a cualquier tipo de delito que se cometa, correspondiente al ámbito penal, en cualquiera de estos albergues transitorios el Intendente señaló que esto no es potestad del municipio, “sin embargo se colabora siempre con la policía en estos casos cada vez que se requiera”.



Pero todo el contexto referido a un delito como, por ejemplo, la presencia de un adulto con un menor de 16 años en un motel excede el ámbito municipal. Así que lo que la Municipalidad tiene que garantizarles a todos los habitantes de la ciudad es la habitabilidad y condiciones de salud.



“Deben pedir DNI”



En contrapartida de estas declaraciones vertidas por el Franco, la  directora de la División Trata de Personas de la Policía de Misiones, Mirta Daniela Acosta, afirmó que “de los controles se ocupa la Municipalidad. Lo que ocurre es que son controles complejos, porque no se puede hacer allanamientos sin la autorización de un Juez, sin haber una razón”, explicó.



Y consideró que el control desde el Estado tiene que estar, “todos los actores tienen que estar involucrados, me parece que la responsabilidad de los moteles tiene que ser el pedido de documentos” de identidad.



En tanto, el ministro de Derechos Humanos de la provincia, Edmundo Soria Vieta, confesó sus dudas referentes al privilegio de un derecho para prevención de un delito y la posibilidad de que esto vulnere derechos humanos que están comprendidos hasta en la misma Constitución.



“En este caso en particular hay una confrontación entre el derecho que tiene toda persona a su privacidad y a su vida intima. Por lo tanto, no estamos en condición de decir si es posible sin dañar a un derecho fundamental pedir documentos en lugares como los albergues transitorios”, observó Soria Vieta



Además, el representante del gobierno provincial dijo que es muy importante la familia como primera fuente fundamental de valores. ”Es donde hay que sensibilizar a nuestro niños ya sean varones o mujeres de cuáles son los peligros y acechanzas que tiene nuestra sociedad hoy hacia ellos. El segundo espacio de construcción es la escuela, donde también hay que transmitir estos valores y estas prevenciones, y lógicamente la sociedad y su conjunto, además de los medios de comunicación.”, reflexiono el Ministro.



Finalmente, el funcionario provincial realizó un análisis del caso. Para decirlo categóricamente “una niña de dieciséis años tiene que estar muy advertida de que un profesor no puede convocarla a un motel o a cualquier lugar que esté fuera de la currícula escolar. Esos problemas no los vamos a solucionar pidiendo documentos, lo vamos a hacer cuando se trabaje en forma similar a la trata de personas. En este caso es muy difícil seducir o engañar a una niña para llevarla a Rosario y Córdoba a lugares de esclavitud sexual. Si esa niña tiene un secundario completo, tiene educación y valores transmitidos. Esto le va permitir advertir estas situaciones. Yo creo que hay que apuntar a la sensibilización y a la transmisión de valores que impidan este tipo de delitos”, opinó.




La mirada familiar
 
Las organizaciones de padres también hicieron escuchar su opinión y reclamaron que se intensifiquen los controles en el acceso de los moteles.



El presidente de la Asociación Civil Padres Unidos, Marcelo Vairo, evaluó que es un tema “muy complejo, porque si se pidiera documento al ingreso y se perdería el derecho a la preservación de la identidad. Hay que analizarlo, comparto que no tendría que existir el ingreso de menores a los moteles. Ahora, cómo llegar a efectivizar esos controles, no sé cómo podría hacerse”, se sinceró.



“Si las autoridades se animan a exigir el pedido de documentación para ingresar yo los apoyaría, porque la integridad de los menores es algo que se debe proteger y en eso hay que ser tajante”, remarcó el titular de la organización que se formó para atender la problemática juvenil luego de varios casos de violencia entre el sector, algunos fatales.



Desde la Asociación Orientación de la Familia (Aosan), Carlos Simón opinó que “debería haber un poco más de control, estoy totalmente de acuerdo con la solicitud del DNI “.



Reflexionó que si bien hay un tema que es “muy susceptible”, el de la preservación de la identidad en los albergues, “hay una amenaza mucho más grande que es la posibilidad de que haya un menor abusado”. Y resaltó la necesidad de “buscar qué posibilidades hay, que posibilidades existen”.



Por su parte, María Inés Rebollo, presidenta de la Red de Prevención contra la Violencia (Red Previo), expresó que “en estas cuestiones no hay medias tintas, los moteles son para mayores de 21 años y esto debe ser respetado por quienes trabajan en este tipo de ofertas”.



“Creo que los inspectores deben recorrer para verificar que estos lugares están siendo usados por mayores y en caso contrario hacer la denuncia pertinente cuando se tiene conocimiento. En estos momentos, justamente con la Ley de violencia familiar y de género, refiere que justamente quien tiene conocimiento de algún caso que debe hacer la denuncia ante la policía más cercana o la Comisaría de la Mujer”, recordó.

Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Descargar Semanario Seis Páginas