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Ordenaron a Oyarbide liberar al ex juez José Luis Rey

La Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal concedió este jueves la excarcelación del ex juez de Instrucción misionero José Luis Rey, quien había sido detenido días después de su destitución por las escuchas telefónicas irregulares. Los camaristas federales Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah sostuvieron en su fallo que “una medida restrictiva (de la libertad) sólo puede reposar en la existencia de causas objetivas que hiciesen presumir que la persona sometida a proceso intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer el curso de la investigación”.

El Tribunal -había pedido al juez Norberto Oyarbide la totalidad de la causa este miércoles para analizar el pedido de la defensa de Rey- hizo lugar al recurso de apelación presentado por el abogado Arturo César Goldstraj luego que el magistrado porteño denegara la libertad a Rey aduciendo que podría entorpecer la investigación o darse a la fuga.

Rey, que en su momento demoró su entrega ante Oyarbide prestó declaración indagatoria y explicó la forma en que se ordenaban las escuchas desde su Juzgado, en Posadas.



El abogado Goldstraj dijo que esperaba la resolución para este viernes, fecha en que el juez porteño tiene previsto resolver la situación procesal de Rey y el otro juez destituido por la misma causa, Horacio Gallardo.



Ambos fueron destituidos el martes 20 de abril por incumplimiento de los deberes inherentes al cargo. Dos días después, Oyarbide ordenó la detención de ambos para ser indagados como integrantes de una asociación ilícita. Gallardo fue aprehendido en un sanatorio, donde se internó con un severo cuadro cardíaco y cinco días después fue llevado a Buenos Aires en un avión sanitario. Por su parte, Rey se presentó cuatro días después en los Tribunales de Comodoro Py y declaró más de tres horas ante Oyarbide para tratar de desvincularse de la politizada causa.


Los camaristas federales Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah sostuvieron en su fallo que “una medida restrictiva (de la libertad) sólo puede reposar en la existencia de causas objetivas que hiciesen presumir que la persona sometida a proceso intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer el curso de la investigación”.


“La impresión del juez instructor sobre la gravedad de los hechos fue compartida por este Tribunal, que anteriores oportunidades remarco la necesidad de imprimir al proceso un ritmo consecuente con aquella. Luego, el razonamiento -que también exhibe el pronunciamiento atacado-, conectado a la posibilidad de alterar elementos probatorios como consecuencia de los vínculos del doctor Rey, tanto con el Poder Judicial como con la Policía de la Provincia de Misiones, no puede dejar de ser contrastado con el argumento que invoca la defensa en relación a que el tramo que concierne probatoriamente a su asistido estaría agotado. Esta respuesta cobra fuerza frente a la falta de individualización por parte del juez de los elementos probatorios que estarían en riesgo”, agregaron los camaristas en su resolución.


Otros de los motivos esgrimidos por Oyarbide para rechazarle la eximición de prisión a Rey es que éste no concurrió a declarar cuando fue citado, no justificó la inasistencia y puso en duda su competencia para llevar adelante el proceso. Y el polémico magistrado porteño sostuvo que los fueros del doctor Rey fueron utilizados al sólo efecto de evadir la audiencia.


Al referirse a este punto, la Cámara de Apelaciones sostuvo que “no puede compartir dicha evaluación. Ni el doctor Rey estaba obligado a reconocer la competencia del juez a cargo del Juzgado 7, ni tampoco a callar su disconformidad y mucho menos a renunciar a sus fueros. Pretender lo contrario implicaría una seria e intolerable limitación de las facultades defensivas del imputado, quien puede introducir todos los planteos que considere conveniente dentro del marco legal para procurar una defensa eficaz”.


Y agregaron que “en lo que a las inmunidades concierne, puntualmente la de los jueces provinciales, es preciso aclarar que no se tratan de privilegios personales, como parece interpretarse del fallo cuestionado, sino de prerrogativas pensadas para proteger el desarrollo normal de la función. De allí que este resguardo institucional se vincule directamente con el sistema representativo republicano de donde se sigue que las inmunidades consagradas por las provincias deban ser respetadas por los jueces nacionales. Este enfoque constitucional refleja la delicadísima situación que constituye el juzgamiento penal de un juez, ya sea nacional o provincial, y conduce a asumir una conducta prudente y cuidadosa, ya no sólo en función del individuo que es sometido al proceso sino en función de la institución constitucional en sí. La lectura del resolutorio en crisis evidencia un alejamiento de estos presupuestos a la hora de construir el fundamento de la denegatoria de libertad”, afirmaron.


“Como contrapartida, nada dice el magistrado acerca de las condiciones personales del imputado, el fiscal directamente las pasa por alto y tampoco encontramos ninguna información acerca de ellas en el incidente, a excepción de lo que señala la defensa y fue transcripto. La falta de completitud de la información ambiental, familiar, de vida, costumbres, no puede ser adjudicable al imputado, quien no debe cargar con sus consecuencias, debiendo operar el principio que lo favorece”, dijeron en la resolución que se conoció en la tarde de este jueves.


 


 


 


 

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