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POLITICA

Peña confirma el país poselectoral: dólar a $50, inflación del 25,3% y tasa al 32%

En la previa al informe de Gobierno que dará desde las 11 del miércoles en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue consultado por la oposición sobre la política cambiaria y el funcionario avaló en las respuestas los datos que “surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto de 2018, una encuesta que hace el Banco Central de la República Argentina a consultoras y participantes del mercado”.

En resumen, el documento señala: “Para fines de 2018 y 2019 se espera que la tasa de política monetaria se ubique en 60% y 32%, respectivamente. En cuanto a la inflación, medida a través del IPC Nivel General Nacional, se espera un 40,3% para este año y 25,3% para el siguiente. Por último, respecto al tipo de cambio, se espera que sea de 41,9$/u$s y 50$/u$s para diciembre de 2018 y 2019, respectivamente”.

“Vale destacar que estos guarismos corresponden a la mediana de las expectativas de los 41 participantes (consultoras, centros de investigación, entidades financieras nacionales y analistas extranjeros) que participaron del último REM”, aclara el informe que presentó Peña a los diputados. Un dato curioso y poco alentador del documento presentado: el jefe de Gabinete se negó a dar datos del listado de “los adjudicatarios de obras públicas, contratadas bajo el imperio de la Ley 13.064, en el período 2003-2018, del ex Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, del actual Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, y del Ministerio de Transporte (desde su creación)”.

Un cabalgador top de la oposición vislumbró esa pregunta, que además pide la “fecha de adjudicación, acto administrativo de adjudicación, empresa o UTE adjudicataria, monto de la adjudicación, nombre de la obra, ubicación geográfica, porcentaje de ejecución de la misma, montos de redeterminaciones, montos de adicionales”.

Es decir, las obras realizadas por el cristichavismo -en el ojo de la Justicia- y de las concretadas por el macrismo. La respuesta fue que “con respecto a los detalles de las obras que se financiarán en 2019 discriminadas por provincia, pueden ser consultar en el mensaje de presupuesto enviado al Congreso”.

Por otra parte, el Gobierno reconoció el error, durante dos años y medio, de sostener un histérico gradualismo y un ajuste “babé”. “Un estado con un déficit fiscal persistente requiere solventarlo de alguna manera, lo que significa decidir entre emitir y generar inflación o endeudarse y quedar sujeto a las condiciones de financiamiento y a los mercados. Es por eso que reducir el déficit es indispensable para tener una economía más autónoma, robusta y estable evitando crisis, que es cuando más rápido se deterioran los salarios y el empleo y por lo tanto se agrava el problema de la pobreza. El Ministerio de Hacienda informa que las metas de resultado fiscal primario como porcentaje del PBI para 2018, 2019 y 2020 son de -2,6%, 0% y 1% respectivamente”, asegura Peña.

Explicaciones

FMI y condiciones. “Es importante remarcar que en el ‘MEMORÁNDUM DE POLÍTICAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS’ el término ‘vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica’ se relaciona con el marco normativo del FGS, a través de las leyes Nº 24.241 y Nº 27.260, que prevén que en caso de ser necesario se podrá utilizar para pagar jubilaciones y Reparación Histórica. El memorándum de entendimiento del FMI no menciona el uso de los fondos. Lo que sí contempla es un mecanismo técnico contable en caso de que se utilice el fondo para los fines mencionados (jubilaciones, en caso de déficit, y reparación histórica). Por el momento no está previsto una nueva y mayor afectación a los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad”.

Deuda. “La dinámica del ratio de deuda durante 2018 estuvo muy influenciada por el reciente ‘overshooting’ observado en el tipo de cambio. La deuda bruta de la Administración Central asciende al 59,3% del PIB. Estimamos que para diciembre de 2018 el stock de deuda pública será de u$s315.698 millones, lo que significa una caída de u$s5.237 millones frente al mismo período de 2017. En cuanto a la deuda neta (aquella en manos de privados y organismos multilaterales), la estimamos en u$s188.492 millones, u$s23.380 millones por encima del stock de diciembre de 2017”, manifiesta Peña, y agrega: “A pesar de la caída proyectada para la deuda expresada en dólares en 2018, medida en porcentaje del PBI proyectamos un incremento de 29,9 puntos (de 57,1% a 87% del PBI), mientras que para la deuda neta proyectamos un aumento de 22,6 puntos (de 29,4% a 52%)”.

Carga tributaria. “Al inicio de la gestión, la carga tributaria era muy alta, ahogando al sector privado. Todas las rebajas de impuestos que se hicieron fueron pensando en reactivar la economía y en muchos casos se compensó con el aumento de otros impuestos como por ejemplo el impuesto a las ganancias. Cobrar más impuestos no siempre lleva a recaudar más porque en un momento las firmas ya no pueden soportar la carga y terminan cerrando o evadiendo”, sostiene el informe. En relación con otros impuestos, se aclara que “es importante resaltar que no está previsto crear ningún tipo de impuesto o gravamen a los tenedores de dólares ni propiedades inmuebles en el exterior”, y que “tampoco está previsto otro aumento de impuestos como el IVA”.

Fuente: Ámbito.

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