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Piden a legisladores nacionales de Misiones insistir con la prórroga de una Ley que beneficia a comunidades originarias

La Cámara de Representantes aprobó un Proyecto de Comunicación que solicita a los legisladores nacionales por Misiones, que generen las gestiones necesarias para solicitar la prórroga de la Ley 26.160, de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad  de Tierras de las Comunidades Originarias del País. Además, un grupo de guaraníes está recorriendo las comunidades de la provincia, juntando firmas para enviar al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y por su intermedio al Congreso Nacional, reclamando la prórroga de la norma sobre la Emergencia Territorial.

"Esperamos que en la sesión de la Cámara Alta del próximo 27 de septiembre se logre finalmente la prórroga de esta cuestión crucial para los pueblos originarios, y que si se van a agregar algunos aspectos a la Ley, de acuerdo a algunas propuestas, deseamos que los legisladores nacionales estén en consonancia con los derechos de estos pueblos, y además, que se consensúe con ellos. Por esta razón en este Proyecto proponemos que el Gobierno de la provincia se expida a través de sus legisladores en favor de votar afirmativamente la prórroga de la norma en cuestión”, expresó el diputado Martín Sereno, autor de la iniciativa.

"Acompañamos las demandas"

El Senado de la Nación el 13 del corriente mes tuvo la oportunidad de acompañar las justas demandas de los pueblos originarios, y sus legítimos derechos respecto a la necesidad de prorrogar la Ley 26.160 sobre Emergencia Territorial Indígena, que no sólo ordena efectuar los relevamientos de los territorios indígenas en Argentina (que apenas llegó al 40% del total), además también los desalojos hasta que no finalicen dichos relevamientos.

Además, se apela a la posibilidad de contribuir a descomprimir a través de esta prórroga, el difícil clima de confrontación y violencia que se vive en el país impulsado por el gobierno nacional, desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante un corte de ruta llevado adelante por mapuches del Pu Lof Cushamen, en Chubut, el pasado 1 de agosto, y que fuera reprimido por la Gendarmería Nacional.

"Pero los legisladores no estuvieron a la altura de las circunstancias y si bien se votó Preferencia para su tratamiento en la próxima sesión prevista para el 27 de septiembre, la semana pasada fracasó la confirmación de la prórroga de esta Ley que pierde vigencia el 23 de noviembre próximo. Si bien algunos senadores solicitaron el tratamiento de la prórroga sobre tablas, la votación resultó con 33 votos negativos, 11 positivos y 10 abstenciones”, explicó Sereno.

Derecho de los indígenas a reclamar sus tierras

La Ley 26.160 es un instrumento fundamental para las comunidades indígenas, frena los desalojos a comunidades indígenas que tradicionalmente habitan en sus territorios ancestrales y exige el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras; sin esta herramienta las comunidades quedan desamparadas ya que  la norma pierde vigencia el 23 de noviembre próximo.

Están en juego el futuro de más de 8 millones de hectáreas distribuidas por todo el país, los intereses de gobernadores y de privados, el derecho de los indígenas a reclamar sus tierras y la función que debe cumplir el Estado. Además, saca a la luz la falta de registro formal de las comunidades y el valor, en términos de recursos naturales de éstos territorios.

“No esperamos otra cosa que en la sesión prevista de Tratamiento Preferencial del 27 de septiembre el Senado finalmente no siga demorando más la sanción de disposiciones que como esta, contribuyen a ir aliviando y solucionando, aunque sea en parte, todo lo atinente a las tierras y territorios de los pueblos indígenas, la gran deuda histórica que para con ellos tienen el Estado, el gobierno y la sociedad”, dijo el legislador.

Recordó que en todo el territorio nacional las comunidades indígenas originarias vienen siendo sistemáticamente violentadas, perseguidas y criminalizadas por el Estado nacional y los Estados municipal y provinciales, hecho que se traduce en represiones, desalojos, detenciones y asesinatos de líderes de la comunidad, por reclamar por el legítimo derecho a sus tierras ancestrales”, explicó.

En Misiones hay más de 100 comunidades

Además, respecto al caso Misiones, Sereno expuso las realidades a las que son sometidas muchas comunidades. "Desde la promulgación de la norma en 2009, sólo el 60% de las aldeas fueron relevadas y hubo presiones e irregularidades para que las comunidades firmen relevamientos inexactos, por ello la mayoría de las comunidades están aún en terrenos privados, sin título de propiedad, emergidos a un constante hostigamiento a ser desalojados, además de algunas comunidades que ya sufrieron intento de desalojos violentos donde perdieron recursos naturales vitales para su cultura ancestral, como es el caso de las comunidades Kokureì y Chapaì, que aún siguen con hostigamientos y amedrentamiento por parte del municipio de San Ignacio”, detalló.

Sobre la posición de los legisladores de la tierra colorada en el tratamiento de este tema, manifestó que "nos hace daño que dos senadores por Misiones se hayan negado a acompañar este tema a favor de los pueblos originarios, y nos llama la atención que estos senadores, sabiendo que en Misiones hay más de 100 comunidades mbya guaraní, hayan votado en contra de la prórroga”, finalizó.

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