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Poner blanco sobre negro, sin “desvíos” mediáticos

El Superior Tribunal de Justicia ratificó la recuperación de la iniciativa con el juicio a los jueces sospechados de mal desempeño, tras la sustanciación de un sumario que reactivó al Jurado de Enjuiciamiento, cuando ya virtualmente se dejaba de lado la investigación de lo sucedido con Horacio Gallardo y José Luis Rey, involucrados en las escuchas telefónicas ilegales que se investigaban en Buenos Aires. Fue el sumario el que fundamentó la apertura del juicio político que se cerrará el martes con la sentencia.

Lo sucedido marcará entonces un antes y un después en la práctica de escuchas –aparentemente comunes en otra época; baste recordar la de Puerta y Toma subida hace años a Youtube, donde el ex mandatario dice que el actual jefe de gobierno porteño Mauricio Macri cobraba obras al gobierno de Misiones aún cuando no las hacía-.



El sumario ordenado por el STJ también le dio la razón sobre la necesidad de investigar lo ocurrido de parte de los diputados miembro, ya que calificaban como “graves” las imputaciones que se hacían a los jueces de Misiones. Concretamente, autorizar escuchas sin investigar a quienes se violentaría la intimidad y aún prorrogar la práctica en las mismas condiciones. El país, la provincia, han transitado ya 27 años de recuperación democrática y es tiempo que se quiten estas rémoras de autoritarismo violatorio de los derechos humanos. Una escucha sólo debiera autorizarse cuando hay una casi certeza de esclarecimiento de un delito. Obviamente se escuchará al sospechado del crimen.



Y mientras estas actores mostraron preocupación por la institucionalización de Misiones y su transparencia, otros se afanaron por desviar la atención pública de la “conexión Misiones”. Fue el caso del bloque puertista, por ejemplo, que estuvo ocupado en inventar escuchas de modo de “tapar” informativamente el vínculo Macri-Puerta. Un vínculo considerado necesaria pieza en el entramado de las escuchas ordenadas en Misiones para espiar a dirigentes nacionales y hasta al cuñado del jefe de la Ciudad Autónoma. Y que resulta difícil de desarticular porque se mantiene tan intacta como en los ’90 cuando comienza a hacerse pública al asumir Puerta como gobernador. Es entonces cuando Macri consolida su posición como proveedor del Estado misionero –los archivos de El Territorio reflejan esa vinculación-.



Tan pesada es esta vinculación que hasta contextualiza la votación del ministro del Superior Tribunal de Justicia y, en esa condición, miembro del Jury, Humberto Schiavoni a quien seguramente no le resultará sencillo dictar sentencia apegada a derecho con indiferencia de los vínculos –familiares, por su hijo también llamado Humberto, mano derecha de Puerta y jefe de campaña de Macri; de su mentor de otrora, el mismo Puerta fue quien lo llevó al STJ-. Además, el puertismo arrastra siempre al más débil. Es el caso de la secretaria de APL Estela Figueredo denunciada penalmente por sus infundíos sobre imaginarias escuchas al gremio. Detrás de su figura está la de exponentes de esta vertiente pejotista, como es el impensado “fiscal” de la cosa pública, el diputado provincial Julio Ifrán, autor de “denuncias” que buscan efectismo mediático en el Diario de la familia del socio político y par legislativo Claudio Wipplinger.



En la semana que acaba de concluir hubo otras especulaciones políticas. La del senador Luis Viana, por caso. Primero dijo que votaría con la oposición por la reforma al Impuesto al Cheque y cuando se dio cuenta que no llegaba a ser el voto 37 y no el 36, es decir no se transformaba en el decisorio, dio marcha atrás y volvió al redil. Es posible también que no haya obtenido el “canje” que tal vez pretendía y al que se ha venido dedicando para acceder y mantenerse en la presidencia del PJ.



Y como preludiando la puja electoral del año próximo, más de uno se sumó a la protesta y marcha de los docentes. El objetivo inmediato?, las elecciones en el IPS. Así desde radicales, pejotistas, CCC, CTA, se sumaron a una marcha que –así y todo- no superó los dos centenares de personas. No obstante, llegaron a 8 los paros protagonizados por este sector docente. Recién después de estos ceses de actividades las autoridades educativas se avinieron a dar respuesta a la petición principal, integrar ellos también la mesa paritaria nacional. Porque los reclamos por pagos adeudados ya se habían superado (la Provincia se puso al día con suplentes e interinos). La pregunta que quedó sin respuestas fue la de porqué se esperó tanto. Qué necesidad había de perder horas, días de clases. Porque si bien las adhesiones fueron parciales, a quienes los alcanzó perdieron clases.



En lo institucional, la resolución de la DGR obligando a mantenerse al día con los impuestos para contratar con el Estado movilizó a todos, transparentó las contrataciones y mejoró la recaudación. El gobernador Closs precisó: “la política tributaria misionera es seria y progresista”.
 



 



 



 



 



 



 



 



 




 

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