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Por mayoría destituyeron a los jueces Gallardo y Rey

Con cinco votos a favor y dos en contra, los jueces de Instrucción del fuero penal Horacio Gallardo y José Luis Rey fueron destituidos de sus cargos acusados de mal desempeño por el escándalo de las escuchas telefónicas, en un juicio que no tiene precedentes en la joven historia judicial de Misiones. El presidente del jurado y del Superior Tribunal de Justicia Roberto Rubén Uset, su par la ministra Cristina Leiva, los diputados José Garzón Maceda y Oscar Redzuk y el abogado Carlos Augusto Bobadilla, votaron por la destitución considerando que incurrieron en falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. Lo hicieron en cambio por la absolución el ministro del STJ Humberto Schiavoni y el abogado de la matrícula Gustavo Staude, quienes consideraron que no se daban las causales para la destitución.

Previamente se habían pronunciado en contra del enjuiciamiento de los magistrados. Claro que no fue una decisión de fácil adopción para el ministro Schiavoni, cuyo voto quedó contextualizado en los lazos familiares –por su hijo también Humberto, a cargo de la campaña de Mauricio Macri; su relación con el ex gobernador Ramón Puerta que lo propuso para el cargo que detenta-, ya que a nivel nacional la conexión Macri-Puerta es considerada pieza necesaria del entramado de las escuchas que afectaron al dirigente judío Sergio Burstein, empresarial  Carlos Avila y al cuñado de Macri.


Para los camaristas Uset y Leiva, los jueces deben preservar los derechos constitucionales de los ciudadanos y “al intervenir las líneas telefónicas debían evitar violar la intimidad de terceros ajenos al proceso” y agregaron que “de los incidentes de las prórrogas se advierte que no hubo control judicial a la Policía para que remita los casetes o CD con grabaciones o desgrabaciones para que merituaran si correspondía continuar, y así evitar que se afecte a personas que nada tenían que ver” con la causa.
En otro párrafo sostuvieron que “el juez no puede apoyar su orden en la conjetura de la Policía y fundarse en construcciones abstractas, ya que no se especificaba cuáles eran los trabajos de inteligencia realizados”.
Con respecto a un supuesto estándar sobre las escuchas, afirmaron que éste no existía “porque se aprecia que las órdenes se libraban a la sede de la SIDE en Buenos Aires, dejando de lado a la oficina local” de los espías. “Además, se autorizaba a Ciro James a retirar los casetes pero no se especificaba qué debía hacer con ellos, lo cual le daba un manejo discrecional de información sensible”.
Al referirse a James, dijeron que los jueces Rey y Gallardo “le dieron un cheque en blanco al permitirle disponer del material sin el debido control”; y agregaron que “actuaron con improvisación y la falta de control reinó en las intervenciones”.
En sus conclusiones finales dijeron que los jueces debieron requerir a la Policía la totalidad de la información para merituar y tomar la decisión de intervenir o no un teléfono en base a indicios serios y coherentes. “El solo pedido de la Policía no alcanza”, aseguraron.
Por su parte, Humberto Schiavoni sostuvo en su voto en disidencia que en su momento ya consideró que no había mérito suficiente para abrir el proceso de destitución. Para el veterano magistrado, “el enlace de James era con los policías misioneros y no con los jueces” y dejó en claro que Rey y Gallardo “no podían hacer el seguimiento del trámite de las escuchas y por ende no se les puede achacar la figura de mal desempeño”.
El diputado Garzón Maceda también expuso largos fundamentos jurídicos -pese a su condición de contador- y se pronunció por la destitución. Sostuvo que los jueces intervinieron teléfonos de terceras personas cuando el Código Procesal sólo les autoriza a realizar escuchas a los imputados en las causas

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