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Precios y tarifas de la energía amenazan la meta de inflación

Aumentos en los combustibles y en las tarifas de gas y electricidad a partir de septiembre u octubre conspiran contra la meta de inflación comprometida en el programa acordado con el FMI. De julio a diciembre, el índice de precios minoristas debería mantenerse alrededor del 2% o un poco menos para cumplir con el techo previsto para este año, que se ubica en el 32%.

El primer tema en esa agenda es el precio de los combustibles al público. Según las petroleras, luego de los aumentos aplicados este mes, todavía falta trasladar a los surtidores una suba del 19% al 20% para recuperar el terreno perdido desde mayo, cuando se congelaron los precios por un acuerdo alcanzado con el exministro Juan José Aranguren.

Por el momento, ese cálculo se mantiene debido a la relativa estabilidad del tipo de cambio en torno a $28, y a que la cotización internacional del petróleo Brent bajó desde u$s79,44 el 29 de junio hasta u$s73,07 el viernes pasado. Pero si una de esas dos variables se mueve hacia arriba, también será mayor al 20% lo que las petroleras pretendan aplicar sobre el precio local de los combustibles.

En el mejor escenario, un 20% significaría tres meses de un alza del 5% al 6%. Pero a esto debe sumarse el aumento en los valores de los biocombustibles, que son fijados mensualmente por el Ministerio de Energía según las subas en los costos, y el ajuste por precios al consumidor en el impuesto lo que se producirá en septiembre y diciembre.

Con todo eso, puede esperarse cuatro a cinco meses con alzas en los combustibles de alrededor del 5%, lo que implica un punto en el índice mensual de precios minoristas, sin posibilidad de esquivar. En las últimas semanas, quedó en evidencia que la vuelta a la liberación de los precios de los combustibles, junto con la apuesta de que los valores se moverían en sintonía con YPF, está provocando problemas de abastecimiento que son ya notables en varias localidades del interior, y esas dificultades se acentuarían si hubiera algún freno explícito del Gobierno a las petroleras.

Eso es así en primer lugar por un problema de oferta. Hoy hay dos refinerías que no están produciendo combustibles en el país: la de Oil en Santa Fe por decisión de la Justicia, y la de Bahía Blanca, por decisión de Trafigura, la trader internacional que pasó a operarla en mayo. Entre ambas explican aproximadamente un 10% de la oferta total de combustibles.

YPF salió a paliar relativamente la situación suministrando productos a las estaciones de Oil a través de Dapsa, pero el faltante sigue existiendo. A esto se suma que ninguna de las refinadoras quiere aumentar su cuota de mercado en un momento en que los precios se consideran desfasados de los costos.

Los primeros problemas se detectaron en el segmento mayorista que atiende a las estaciones blancas y a las industrias y productores del campo que no compran directamente a las petroleras. Pero en los últimos días también se extendieron a estaciones de bandera en el interior del país.

Los estacioneros afirman además que las refinadoras les aplican mayores precios para el excedente sobre lo que compraron en igual mes de 2017. Hay además un desplazamiento de la demanda desde los productos premium hacia los de menor valor que también está influyendo.

Según una versión, la situación empeoró porque Shell habría sufrido una demora en una importación de gasoil, pero esto sería apenas un dato dentro del contexto general. Las refinadoras no quieren vender más, e incluso el aumento de ventas que se detecta para YPF parece sólo producto del acuerdo que hizo con Dapsa para abastecer a las estaciones de Oil. Los mayoristas buscan aumentar stocks y en lo posible no malvenderlos pensando que en unos diez días va a haber un nuevo aumentos de precios, y es posible que los estacioneros y hasta los automovilistas intenten adelantar compras esta semana, lo que acentuaría las dificultades.

En esas condiciones, es impensable que se puedan frenar las alzas al público en los combustibles. A esto se unirán entre septiembre y octubre, las subas en tarifas de gas y electricidad, que sumarán más de un punto a la inflación en los meses en que entren en vigencia.

Los pronósticos más optimistas prevén que las tarifas de gas tendrán un incremento del 40% y las de electricidad un 25% en todo el país. Alzas inferiores a esas impactarían en la reducción de subsidios sobre todo a Cammesa, la empresa que opera el despacho eléctrico, y suscitarían más problemas para cumplir la otra meta con el FMI, la reducción del déficit fiscal.

Fuente: Ámbito.
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