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POSADAS

Presentarán demanda contra el Estado Nacional por resarcimiento de prescindidos y cesanteados

Con las documentaciones que acreditan la existencia de “crímenes de lesa humanidad”, se presentará la demanda contra el Estado Nacional a través de la Justicia Federal reclamando el resarcimiento económico y otras reparaciones para los empleados estatales prescindidos y cesanteados en Misiones durante la última dictadura militar. En la reunión de este lunes 17, a las 20, en el Club Unión, se avanzará en el proyecto de hacer un libro “con las crueles historias” de quienes perdieron sus trabajos tras el Golpe de Estado de 1976.

El reclamo judicial es encarado por el estudio jurídico del abogado Armando Barrionuevo, quien hasta el momento representaría a unos 200 damnificados, de acuerdo con las documentaciones acercadas.



A propósito de la demanda judicial, en representación de la Mesa de Enlace de Prescindidos y Cesanteados de Misiones, Carlos Magri y Miguel Angel Sanabria, sugirieron a los afectados que “se presenten lo antes posible en el estudio jurídico, esquina de Rivadavia y Bolívar, de Posadas, para completar las documentaciones faltantes y la certificación de firmas, a fin de iniciar el proceso judicial”.



Independientemente a la demanda contra Estado Nacional que impulsará Barrionuevo, los prescindidos y cesanteados están llevando a cabo gestiones ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, “no sólo para hacer saber del padecimiento de cientos de misioneros que todavía, a 26 años de la vuelta de la democracia, no encuentran respuestas gubernamentales a las reincorporaciones laborales, sino también para solicitar la presencia en Posadas de los representantes de esas instituciones, y que vean personalmente el daño y sufrimiento ocasionado a tantos empleados estatales”, comentaron Magri y Sanabria.



También dijeron que en la reunión del lunes 17, a las 20, en el Club Unión, se avanzará en el proyecto de hacer un libro “con las crueles historias de quienes perdieron sus trabajos tras el Golpe de Estado de 1976, además de nombrar a cada uno de los funcionarios de la democracia, de lo que no hicieron por estas personas y sus familias”.



 

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