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POLITICA

Presupuesto: la crisis y las necesidades del Gobierno le ponen precio al acuerdo con el PJ

Las largas tratativas de estas horas entre el Gobierno nacional y los gobernadores giran alrededor de la plata. Se discuten temas presupuestarios y las pulseadas son habituales. Lo original, en este caso y en la antesala de una elección presidencial, es que las conversaciones sobre el Presupuesto 2019 están asociadas al ajuste y no a un creciente reparto de fondos. La crisis opera como condicionante, aunque el reconocimiento de esa realidad no asegura el final del trámite legislativo. Las negociaciones exponen aires de acuerdo, también fisuras opositoras y debilidades del oficialismo.

Abundan, por supuesto, las tensiones. Un grupo de legisladores del PJ federal, en representación de al menos siete gobernadores, y operadores del oficialismo trabajaron incluso durante el fin de semana pasado para saldar la negociación sobre los fondos podados a las provincias y los municipios con la eliminación del fondo sojero. Según como se calcule, estaban en juego alrededor de 8.000 millones de pesos de acá a fin de año. Casi imposible hablar de Presupuesto sin resolver antes esta disputa.

Del lado oficialista, intervinieron como es habitual el ministro Rogelio Frigerio y algunos diputados, entre ellos el otra vez activo Emilio Monzó. Y del otro lado de la mesa y del teléfono participaron legisladores alineados con Juan Manzur –principal promotor de la ofensiva para recuperar esos fondos en los meses que vienen-, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Sergio Uñac, Gustavo Bordet y Domingo Peppo, además de Hugo Passalacqua.

El riesgo para el Gobierno era realmente serio. El peronismo federal había motorizado una sesión especial de Diputados para tratar la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia utilizado por el Presidente para dar de baja el fondo sojero. Y la oposición, en conjunto, se mostraba dispuesta a avanzar en ese terreno. Mauricio Macri ya había vivido un momento parecido a fines de mayo último, cuando debió asimilar el trago amargo del veto a la ley sobre tarifas. En este caso, la amenaza tenía una carga política superior: la pésima señal política en medio de la renegociación con el FMI.

El acuerdo logrado esta vez dejó en la nada la sesión especial. Finalmente, el Gobierno dispuso por decreto un fondo de poco más de 4.000 millones de pesos a distribuir en base a los criterios generales de coparticipación, pero por mitades en la cuenta posterior entre provincias y municipios. Dicen que así estarían asegurados en buena medida los fondos destinados a obras públicas de los distritos, este año.

Como era previsible, la frustrada sesión en Diputados disparó una nueva exposición de las disputas con el kirchnerismo. El disgusto fue expresado por el bloque que encabeza Agustín Rossi y la puesta incluyó a un grupo de intendentes del peronismo bonaerense, entre ellos y en primera fila Verónica Magario, que trabaja intensamente para dar pelea por la candidatura a gobernadora. Hubo críticas duras al oficialismo y también frases ásperas dedicadas al PJ federal.

Otro episodio, menor, pareció dar señales de clima de distensión, pero no desprovisto de advertencia hacia el Gobierno. Una comisión del Senado había sido citada ayer para tratar un proyecto de Adolfo Rodríguez Saá que planteaba limitar los niveles de endeudamiento del país. Podría haber sido una piedra en el camino oficialista y un modo de rechazo a las tratativas con el Fondo. Hubo presencia perfecta del oficialismo para dar el debate y fue llamativa la ausencia generalizada del peronismo, incluido el autor de la iniciativa. Sin número opositor para avalar la propuesta, el tema quedó en la nada, aunque expuso el riesgo en continuado de un gobierno con minorías en el Congreso.

Precisamente, el acuerdo político global con los gobernadores debería operar como marco de contención a las disputas al menos mientras se avance con el Presupuesto. Ese tratamiento va de la mano con otro de los puntos consensuados: la flexibilización del Consenso Fiscal, para darle aire a las cuentas provinciales postergando la poda de impuestos como el de Sellos.

De a poco y una por una, en las oficinas del ministro del Interior suman las firmas a la “adenda” –agregado o apéndice- que modificará aquel pacto y que también deberá pasar por el Congreso. Una docena de jefes provinciales suscribieron el texto en los últimos días y el Gobierno confía en reunir unas veinte rubricas. Se formaliza así el criterio de la mayoría de los gobernadores peronistas, que sostuvieron la idea de bajar el déficit recortando rubros presupuestarios pero también sumando ingresos. Algo similar decidió aplicar Macri a escala nacional.

Se trata, en conjunto, de un tejido difícil y que requiere mucho trabajo político. Un veterano conocedor de estas negociaciones complejas sostiene que el texto final del Presupuesto debe llegar al recinto con un trato cerrado, inmodificable, y con el número asegurado de votos, para evitar contratiempos o reclamos de alguna provincia basados en un juego clásico: asegurar votos a cambio de concesiones agónicas.

Para el Gobierno, el tratamiento razonable del Presupuesto y su aprobación constituyen una de las dos piezas vitales para enfrentar la crisis. La otra es la renegociación con el FMI, que avanza en la consideración de un acuerdo renovado –por decisión política de sus principales socios, en primer lugar los Estados Unidos- y al mismo tiempo considera central el cierre de un Presupuesto de consenso político. El PJ, en general, reconoce ese contexto más allá del discurso, que será duro incluso llegada la hora de allanar el camino para su votación.

El precio del acuerdo político oscilaría entonces entre los límites que parece imponer la realidad a la oposición peronista –nadie querría quedar expuesto como factor agravante de la crisis- y la necesidad negociadora del Gobierno para pasar la prueba legislativa. La suerte del Presupuesto depende, en definitiva, de ese equilibrio.

Fuente: Infobae.

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