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Proponen que distribuidoras eléctricas y agua puedan acogerse a una moratoria y solicitar condonación de deudas

El diputado nacional Maurice Closs presentó un proyecto de ley en el Congreso para generar una moratoria para empresas públicas distribuidoras de energía y cooperativas de luz y agua y que a su vez, las entidades y empresas provinciales puedan también solicitar una condonación de deudas como las que acordó la Nación con un grupo de grandes empresas.

De acuerdo a la iniciativa, el plan de facilidades de pago será en hasta 240 cuotas por las deudas que verifiquen, hasta el mes anterior a la sanción de la ley, las empresas estatales, sociedades con participación estatal mayoritaria y cooperativas que se dediquen a la prestación de servicios domiciliarios de provisión de agua potable y/o energía eléctrica, respecto de tributos nacionales, sus intereses, actualizaciones, multas, quedando incluidas aquellas deudas que hayan sido objeto de un plan de facilidades concertado con anterioridad, independientemente de que verifiquen regularidad o atraso en su cumplimiento.

Closs propone que la tasa de interés no podrá ser superior al uno por ciento mensual computado sobre el saldo pendiente.

El diputado nacional también propone que las empresas estatales, sociedades con participación estatal mayoritaria y cooperativas que se dediquen a la distribución domiciliaria de energía eléctrica que no reciban beneficio de condonación establecido en el artículo 15 de la Ley de Presupuesto Nacional 2017, podrán requerir la condonación total o parcial de sus deudas por tributos nacionales, incluidos intereses, multas, planes de facilidades y moratorias vigentes por saldos vencidos y a vencer.

La iniciativa, acompañada por los diputados del bloque misionerista, “pretende contribuir a paliar la crítica situación financiera en la que se encuentra un importante número de empresas estatales o con participación estatal mayoritaria y cooperativas que prestan los servicios de agua potable y energía eléctrica, a lo largo de todo el territorio nacional”.

“La provisión de servicios esenciales como el agua potable y la energía eléctrica presentan siempre altos costos de infraestructura y funcionamiento debido a diversos factores. Por un lado, los costos significativamente elevados para la adquisición u obtención del elemento que se provee, y para garantizar las redes de provisión en extensión, calidad, mantenimiento y capacidad de incorporación de nuevos usuarios. Por otro lado, cuentan también los elevados costos laborales para mantener el número de trabajadores necesarios para garantizar el servicio en lo administrativo, pero fundamentalmente en el mantenimiento y el cuidado de la infraestructura necesaria para la continuidad operativa del servicio”, indicó Closs.

“A diferencia de otro tipo de servicios, como se tratan éstos de servicios esenciales para la vida de los seres humanos, no pueden ser interrumpidos de ninguna manera puesto que ello atentaría contra las condiciones sanitarias y la satisfacción de sus necesidades básicas. Y por otro lado, como se trata de empresas estatales o de cooperativas cuya finalidad principal es brindar un servicio, y no lograr rentabilidad económica, tampoco prima la lógica del corte de servicios ante la falta de pago por parte de los usuarios, o como medida para paliar la situación deficitaria”, argumentó.

Closs sostuvo que la compleja situación de las entidades se agravó este año por el incremento desmesurado de las tarifas de ambos servicios, y los procesos inflacionarios crecientes de los últimos meses.

“Ante esta situación crítica por la que atraviesan las empresas estatales y cooperativas de servicios se hace necesario generar medidas desde el Estado Nacional para garantizar la continuidad de su funcionamiento y de la provisión de los servicios esenciales de agua potable y energía eléctrica”, culminó.

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