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Recuperar salarios; desechar prácticas indebidas

Un aumento salarial a cuenta de los resultados de la paritaria nacional avanza en un ámbito sensible como el de los empleados estatales y los recursos provinciales. En los últimos seis años, el Gobierno ha procedido con cautela de modo de evitar tanto imprudencias como endeudamientos. Salir de la peor crisis de la historia argentina, no fue sencillo, como tampoco lo fue revertir la tendencia hacia el crecimiento económico y reequilibrar la distorsionada distribución de la riqueza verificada en la denostada década del ’90.

Misiones cambió de paradigma y así ingresó al Bicentenario: como provincia productiva –agrícola, ganadera y forestal e industrial- y generadora de hidroelectricidad. Con una política tributaria propia en condiciones de distribuir las cargas y permitir al Estado alentar la productividad y generar empleo. Para enfrentar también las heridas abiertas por la pobreza, las rémoras todavía hoy de segmentos de población con necesidades básicas insatisfechas.



Estas líneas de acción trazadas sirvieron asimismo para hacer frente a las secuelas de la peor crisis internacional del último siglo, pero demandaron pasos cautelosos que en ocasiones generaron protestas. Tal lo ocurrido en el ámbito docente, por ejemplo. Hacía años que no se producían paros y si bien los últimos fueron de parcial adhesión significaron el regreso de una criticada práctica que afecta al sector más débil de la actividad, los niños y adolescentes a los que se les retacea el derecho a estudiar.



La situación, sin embargo, parece ya destrabada, en atención a un compromiso de ulterior ajuste salarial dado por el ministro Luis Jacobo  al Frente Gremial Docente cuya aspiración está centrada en ubicar en 900 pesos el básico del sector. Recuperar el salario es hoy por hoy el gran desafío para las gestiones públicas como privadas porque justamente las crisis se cobran primero los ingresos de los asalariados y después la rentabilidad y, en el recupero primero deberá darse la recaudación para que después haya qué distribuir.



El clima social discurre entonces sin conflictos a la vista hacia el 1º de Mayo cuando se produzca el informe anual del Gobernador a la Asamblea Legislativa que supondrá, también, la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias. En materia de institucionalización otro paso hacia delante se dio desde la Justicia con la destitución de los jueces a los que se acusó de no haber tomado los debidos recaudos para autorizar espionajes telefónicos a personas ajenas al mundo del delito, afectando sus derechos ciudadanos.



Deleznable práctica propia de períodos dictatoriales en los que se conculcan la Constitución y las leyes, pero que también habrían sido moneda corriente en las primeras etapas de la redemocratización, donde las internas partidarias podían proyectarse por sobre las instituciones echando sombras a la seguridad jurídica de la sociedad. La violenta disputa por espacios de poder entre Julio Humada y Ramón Puerta que hizo centro en el fiscal de Estado, Alvaro Caamaño, involucró a miembros del Superior Tribunal de Justicia. Que participaron de una fotografiada reunión en casa de un ministro del STJ, según descubriría Luis Moreno Ocampo –otrora fiscal en el juicio a los miembros de las Juntas Militares que gobernaron el país-. A la sazón este abogado llevaba adelante una investigación encomendada por el Fiscal  y la práctica de las escuchas telefónicas estaba a la orden del día. Práctica que además usaba y avalaba el propio Puerta, hoy vinculado al escándalo que investiga el juez Oyarbide por su relación con Mauricio Macri. Es decir, en aquella época el espionaje era una herramienta usada con fines políticos, no para esclarecer un delito, avasallando derechos consagrados por la Constitución y las leyes y con ello las garantías del ciudadano común, la seguridad jurídica de la sociedad. Cabría preguntarse cuánto ganó Puerta en aquella disputa dirimida en el Superior Tribunal para transformarse en el mandamás del PJ, concentrando todo el poder disponible en las máximas esferas provinciales.



Justamente el juicio político que terminó con la destitución de dos magistrados habrá de establecer un ante y un después. Al menos es de esperarse que así suceda, porque no puede olvidarse que la ciudadanía se ha pronunciado una y otra vez por mayor institucionalización y por la remoción de prácticas de lo que se dio por identificar como la “vieja política”. Que sigue viva y con bríos juveniles en manos de algunos dirigentes según cuenta la crónica diaria.



 



 



 

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