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Regularizarán tenencia de tierras en Santo Pipó

La Legislatura aprobó por unanimidad el proyecto de ley a partir del cual se declara de utilidad pública a varios inmuebles de Colonia La Pequeña, del municipio Santo Pipó, actualmente ocupados por más de 30 familias. El autor del proyecto Salvador Cabral Arrechea -junto con su par Mónica Alustiza- expresó que “se tiene como objetivo dar solución a un problema de muchos años que afecta a varias familias de productores agrícolas que se radicaron en los inmuebles descriptos en el proyecto, y a los que a través del tiempo no se les ha dado una solución adecuada”.

La sesión estuvo presidida por el vicepresidente primero de la Legislatura, Diego Sartori, ante la ausencia del presidente Carlos Rovira, quien viajó a participar del acto realizado en la ciudad de Oberá, en el marco de la Fiesta Nacional de los Inmigrantes que contó con la presencia de la primer mandataria nacional, Cristina Fernández.
 
El autor del proyecto Salvador Cabral Arrechea -junto con su par Mónica Alustiza- expresó que “se tiene como objetivo dar solución a un problema de muchos años que afecta a varias familias de productores agrícolas que se radicaron en los inmuebles descriptos en el proyecto, y a los que a través del tiempo no se les ha dado una solución adecuada”.
 
“Esto se enmarca dentro de la realidad de miles de productores y familias rurales de toda la provincia que durante varias décadas han explotado y trabajado la tierra sin que pudieran lograr la titularización de las mismas”, sostuvo Arrechea.
 
El diputado explicó que “esta situación nace a fines del siglo XIX y comienzos del XX cuando en Misiones, siendo territorio nacional y casi inexplorado, se otorgaron decenas de miles de hectáreas de tierra a personas físicas y empresas que residían en otras provincias o fueron adquiridas por esas personas en esa época, con el solo fin de extraer la madera nativa, para luego abandonarlas por completo, transformando en improductivas, antieconómicas y socialmente negativas, cientos de chacras en todo el territorio provincial”.
 
“Este es el caso de la empresa Laminadora Argentina Sociedad Anónima (L.A.S.A) que en la década del cincuenta se instaló en las trescientas hectáreas que se solicita expropiar, para extraer la madera nativa del monte y que una vez finalizada dicha explotación abandonaron el inmueble alrededor del año 1959, según la declaración de varios vecinos lindantes a dicho predio y que inclusive trabajaron en los obrajes de la empresa”, precisó Cabral Arrechea.
 
Señaló que “la regularización de los tenedores de la tierra en la provincia, y verdaderos artífices de su explotación y producción económica, tiene no sólo un contenido social, ético y de justicia social, sino además, un claro beneficio económico para el Estado provincial y la sociedad en general, toda vez que dichas tierras al ser trabajadas efectivamente generan, por un lado, un genuino ingreso de dinero al productor, generando asimismo numerosos puestos de trabajo, y por otro, dando al Estado una mayor recaudación impositiva y disminuyendo las erogaciones en asistencia social. Este doble carácter, de justicia social y dignidad para los productores y de beneficio económico para el Estado y la sociedad, torna insoslayable llevar adelante soluciones concretas”, remarcó.
 
Finalmente Arrechea aclaró que la autora intelectual de este proyecto fue la diputada Alustiza, “yo fui el autor material, pero es ella quien nació y vivió en esa región y conoce personalmente e internamente todo el proceso”, dijo.
 
“Quiero hacerle un reconocimiento público, porque creo que la honestidad intelectual tiene que ser parte de nuestra política”, remarcó.
 
Por su parte, la diputada Alustiza manifestó que “esta es una lucha que lleva 50 años; vimos pasar los gobiernos, distintos tipos de funcionarios y nunca hemos podido lograr lo que se está por lograr hoy, que es darle a cada familia su propia tierra, su posibilidad de tener su título de propiedad”.
 
“Quiero agradecerles porque habiendo sido yo de un gobierno justicialista, con un gobernador justicialista y una intendencia justicialista, con más del 80 % de los votos, debo decir que no pudimos lograr lo que sí pudimos en esta comisión, con éste proyecto, y estando hoy en el primer punto del plan de labor”, enfatizó.
 
La legisladora remarcó además “el compromiso que tienen los integrantes de este gobierno, que demuestran permanentemente justicia social, estando del lado de la gente, del lado del pueblo, lo que hace que quienes no estamos en el mismo espacio político los apoyemos, los felicitemos y trabajemos aquí mancomunadamente y aliados porque en esto de la justicia social y el reconocimiento al pueblo no debe haber diferencias políticas, porque todos estamos buscando el bien común”.
 




 

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