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Rigen nuevos valores para servicios de Justicia

De acuerdo con las disposiciones que establecen las leyes sancionadas el año pasado en materia de Tasas y Aranceles de Justicia, los ámbitos judiciales exhiben en sus paredes el nuevo cuadro tarifario respectivo. Entre otras consideraciones y observaciones, establece que la tasa mínima en la Justicia de Paz es de 25 pesos. En cuanto a los aranceles, para la aceptación de cargos de todos los fueros, 10 pesos. Consulta de expedientes archivados, 15 pesos; solicitud de expedición de sentencia (fotocopia) 3 pesos, debiéndo adicionarse por cada tres fotocopias la suma de 1,50 peso. En cuanto a las certificaciones y legalizaciones, 10 pesos.

En la sesión realizada el jueves 20 de agosto en la Cámara de Representantes se sancionaron dos iniciativas presentadas por el presidente del parlamento misionero, Carlos Rovira. Una de las normas establece legislación en materia de Tasas y Aranceles de Justicia, mientras que la otra regula los depósitos judiciales. Ambas iniciativas fijan criterios para dotar de herramientas al Poder Judicial con miras al mejoramiento de los servicios al ciudadano.



La sanción de la primera de las normas instituye la “Tasa y Arancel Judicial por toda actuación y servicios que presten los tribunales y dependencias del Poder Judicial de la provincia de Misiones”.
 
Apunta fundamentalmente a mejorar la calidad de los servicios de justicia y a su democratización, aportando a cubrir la demanda de gastos y recursos que implica el desarrollo de la actividad, a partir de una moderna legislación de actualización de tasas y aranceles vigentes.
 
La iniciativa considera tasa judicial a la retribución por toda actuación judicial que implique decisión jurisdiccional, que se inicie y tramite ante los tribunales del Poder Judicial de la provincia de Misiones; mientras que define como arancel a toda prestación de servicio realizada por las dependencias ese Poder del E    stado.
 
Faculta al Superior Tribunal de Justicia (STJ) a incrementar hasta en un 50% la tasa judicial fijada por la ley, que actualmente es del 3%. La tasa se calcula sobre el valor del objeto litigioso que constituye la pretensión del obligado al pago.
 
Asimismo, permite al STJ a actualizar los aranceles fijados en el anexo único de la ley, de acuerdo con el índice correspondiente a la variación del salario mínimo, vital y móvil determinado por el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
 
Se consideraran exentas las actuaciones promovidas por los estados nacional, provincial y municipal; las promovidas por empleados u obreros con motivo de las reclamaciones derivadas de relaciones jurídicas vinculadas con el trabajo; las motivadas por jubilaciones, pensiones y devolución de aportes; ocasionadas con motivo de aclaraciones y rectificaciones de partidas del Registro Civil; las actuaciones correspondientes al otorgamiento de carta de pobreza; y las de quienes litiguen con carta de pobreza y que actúen con beneficio de litigar sin gastos; entre otras.

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