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Solari justificó envío del proyecto a distintas comisiones del Senado, por inconstitucional y contrario a jurisprudencia de la Corte

En su calidad de presidente del bloque Misiones y vocal de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora Maggie Solari Quintana, contrariamente a lo sostenido por los senadores Pichetto y Fuentes, en sus notas del 22 de junio de este año, justifica conforme a derecho y a la práctica del Senado que el proyecto de ley en revisión sobre interrupción voluntaria del embarazo sea girado a las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto, Justicia y Asuntos Penales y Salud.

Puntualiza que si bien el artículo 89 del Reglamento de la Cámara alta prevé el envío a una sola comisión, también hace la salvedad que la Presidencia –o en su caso la Cámara- puede resolver el envío “a más de una comisión cuando la naturaleza del asunto así lo aconseje”, en cuyo caso las Comisiones “procederán reunidas”.

 

Y señala que “la relevancia social, jurídica e institucional del proyecto (…) reconocida por todos, inclusive los senadores Pichetto y Fuentes en sus respectivas notas, determina que justifique el giro a más de una comisión.

 

“Es evidente, en consecuencia, que la Presidencia cuenta con facultades suficientes a ese fin, aunque obviamente deberá respetarse el procedimiento establecido por los artículos 89 y 90 para la formulación de observaciones por parte de los Senadores que, en los términos de tales disposiciones, deberán ser resueltas por la Presidencia dentro del plazo de 7 (siete) días allí previsto”, precisa en el escrito presentado este martes por la legisladora misionera a la Presidente del Senado Marta Gabriela Michetti.

Agrega Solari que “tampoco es cierto, como se sostiene, en dicha causa que la Corte Suprema haya resuelto que ‘el aborto legal no contraviene las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos’”.

Dice: “muy por el contrario, lo único que ha resuelto la Corte Suprema en la citada causa ‘F:A:I:.’ es cuál debe ser la interpretación que cabe dar al artículo 86, inciso 2, del Código penal, inclinándose por la interpretación amplia”. Puntualizó que la Suprema Corte resolvió que “la citada norma debe interpretarse en el sentido de que ‘no es punible toda interrupción de un embarazo que sea consecuencia de una violación con independencia de la capacidad mental de su víctima’ (considerando 18 del voto mayoritario) y formuló dos exhortaciones a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autóno9ma de Buenos Aires, así como a sus Poderes Judiciales, vinculados con tales abortos no punibles y la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual”.

Asimismo la senadora por Misiones hace notar que el máximo tribunal argentino “sí ha resuelto que el derecho a la vida debe ser garantizado desde el momento mismo de la concepción”. Y señala el fallo “Portal de Belén” del año 2002 cuando prohíbe un fármaco de efectos abortivos.

En dicho fallo “fundándose en la opinión de distinguidos biólogos y genetistas, que ‘tan pronto como los veintitrés cromosomas paternos se encuentran con los veintitrés cromosomas maternos está reunida toda la información genética necesaria y suficiente para determinar cada una de las cualidades innatas del nuevo individuo…Que el niño deba después desarrollarse durante nueve meses en el  vientre de la madre no cambia los hechos, la fecundación extracorpórea demuestra que el ser humano comienza con la fecundación”.

Abogados de todo el país pedirán al Senado revisar el proyecto de ley por inconstitucional y violatorio de los Derechos Humanos y los Derechos del Niño

Continuó señalando la fundamentación de la Corte “el último de los efectos señalados (modificación el tejido endometrial produciendo una asincronía en la maduración del endometrio que lleva a inhibir la implantación) ante el carácter plausible de la opinión científica según la cual la vida comienza con la fecundación, constituye una amenaza efectiva e inminente al bien jurídico primordial de la vida que no es susceptible de reparación ulterior (…) por lo que “se configura así una situación que revela la imprescindible necesidad de ejercer la vía excepcional del amparo para la salvaguarda del derecho fundamental en juego”.

Solari añadió que sobre esas bases, “la Corte Suprema entendió que ‘el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizado por la Constitución Nacional (…), que ‘este Tribunal ha reafirmado el pleno derecho a la vida desde la concepción’ y que ‘los pactos internacionales contienen cláusulas específicas que resguardan la vida de la persona humana desde la concepción’”. Y advierte que la Corte destaca que ‘cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos, jurisdiccionales y legislativos lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, a fin de no comprometer su responsabilidad internacional (…)’”.

Cuestionamiento al proyecto con media sanción

La legisladora misionera además observa que en relación al fallo F:A:I: (2012), el proyecto en revisión está “lejos de limitarse a modificar el artículo 86, inciso 2, del Código penal, o despenalizar otros supuestos de abortos bajo ciertas circunstancias, sino que establece lisa y llanamente su legalización, de modo general y para todo supuesto dentro de las primeras 14 semanas del proceso gestacional (e incluso9, como se dijo, para ciertos casos hasta en cualquier momento antes del nacimiento). En otros términos, el proyecto no establece una causal de exclusión de la pena sino un derecho absoluto de la madre o persona gestante que prima sobre el derecho a la vida del niño por nacer”.

Consigna igualmente que “lo dispuesto por el proyecto en revisión, en consecuencia y por las razones expuestas debe ser analizado profundamente desde el punto de vista constitucional, en particular frente a las disposiciones de nuestra Constitución nacional y los Tratados internacionales con jerarquía constitucional ya citados, que como se dijo, garantizar el derecho a la vida del niño no nacido desde el momento mismo de la concepción”.

Añade que “este derecho no solo está garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados internacionales, sino también por diversas normas constitucionales provinciales desde el momento mismo de la concepción como es el caso de las Constituciones de la Provincia del Chaco, Córdoba, Formosa, Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos, Chubut, Río Negro, Santiago del estero, Salta, San Luis, Tucumán y Tierra del Fuego”.  Lo que exigiría adicionalmente determinar si importan o no “facultades provinciales no delegadas en los términos del artículo 121 de la Constitución Nacional y, asimismo, si deben primar sobre cualquier ley nacional que pretenda restringir ese derecho”.

Solari cita también leyes que obligan a los profesionales de la salud a respetar “el derecho a la vida y a su integridad desde la concepción hasta la muerte”. Entre ellas la Ley 24.901 que dispone en el artículo 14 que “la madre y el niño tendrán garantizados desde el momento de la concepción los controles, atención y prevención adecuados para su óptimo desarrollo físico-psíquico y social’”.

Entre otras consideraciones la senadora por Misiones dice que están justificadas las remisiones a la Comisión de Asuntos Constitucionales  y Presupuesto dado que, además, “la eventual sanción del proyecto importará que tanto la Nación como las Provincias deban financiar los gastos necesarios para implementar sus disposiciones, Máxime que en el Senado “se encuentran especialmente representados los intereses de ls Provincias que integran nuestra República”. Obsrva que todas estas consideraciones ratifica la nota enviada a la Presidencia el 19 de este mes en cuanto a “la profundidad del tema involucrado, sus connotaciones diversas y la preocupación de gran parte de la sociedad luego de la sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, demandan un trabajo responsable, serio y sin apuros de esta Honorable Cámara, en el que se garantice un debate profundo del proyecto en revisión”.