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Solo el 30 % del presupuesto nacional se destina a las obras de infraestructura social, señalan en Foro de Pymes Constructoras

El viernes 10 se reunieron en el Salón de las Dos Constituciones de la Legislatura cerca de 200 representantes del sector de la construcción de la región NEA para poner de manifiesto el contexto social y económico y las posibles sugerencias de mitigación a la crisis socio-económico que atraviesa el país. Entre otros expositores, el ingeniero Juan Carlos Butiuk indicó que la caída de la construcción, en los últimos tres años, llega al 65 por ciento. “Si a eso le sumamos que las obras de infraestructura vial (como construcción de autopistas) se llevan el 70 por ciento y un 30 por ciento del Presupuesto se asigna a obras de arquitectura social -construcción de viviendas, escuelas, hospitales) tenemos un agravante, además, que las grandes obras tiene una ejecución que ronda el 70 % mientras que las obras que hacen las pymes estamos apenas en un 33 % de ejecución a esta altura del año. Eso explica la caída de la actividad y la mortandad del 10 por ciento de las empresas constructoras del NEA”, observó.

 

El evento se denominó Mi Pyme Construye, nombre del Foro de las Pymes Constructoras, que tuvo por objetivo propiciar un espacio de encuentro, diálogo y debate para llegar a un entendimiento entre las pymes constructoras, el gremio de la construcción, proveedores y funcionarios públicos provinciales y nacionales para trabajar en una planificación conjunta basada en ejes estratégicos en pos del bien común.

El Foro estuvo conformado por organizaciones empresariales del sector privado vinculadas a la obra pública, comprometidas con el desarrollo social y económico de la región.

La temática del foro se planteó entorno al rol de la obra pública a través de la inversión en infraestructura social (viviendas sociales, escuelas, hospitales, centros de salud) y la participación de las pymes constructoras que actúan como dinamizadores del desarrollo social y económico de las economías regionales.

Entre las principales conclusiones surgieron en debate:

Que se garantice una inversión en infraestructura social equitativa en función de las particularidades de cada región con participación directa de las Pymes.

Que resulta imprescindible el lanzamiento de un Plan Nacional de Viviendas mediante el sistema de subsidio a la oferta mientras se generan las condiciones macro adecuadas para la asociación público privada., redistribuyendo los recursos previstos para las grandes obras de infraestructura prolongando el plazo de las mismas.

Que el Estado atienda las dificultades de acceso al financiamiento de las Pymes constructoras mediante un fondo de garantía, permitiendo que la construcción de viviendas e infraestructura básica pueda ser a escala de éstas.

Que no se tome como primera variable de ajuste a la obra pública sino como una inversión, que redundará en un crecimiento del empleo, de la actividad económica y un aumento del nivel de ingreso fiscal.

Que exista criterio federal en la redistribución de obras evitando su concentración.

Que un porcentaje de grandes obras de infraestructura que tienen poca incidencia de mano de obra se deriven a obras de arquitectura de viviendas e infraestructura social.

Que se construya en forma participativa un plan de contingencia que garantice la sustentabilidad de la mano de obra de la construcción.

Que se garanticen obras a escala de las Pymes cubriendo las necesidades básicas de provisión de vivienda, agua, salud y educación.

Que se garantice en las licitaciones nacionales la participación directa de las Pymes constructoras locales en las obras de infraestructura social, vivienda principalmente, donde los llamados a licitaciones no deberán limitar la participación de las pymes constructoras, ya sea por la fijación de montos y/o grupos.

Que se garantice una metodología ética de control fiscal en el sistema de créditos individuales del PROCREAR promoviendo la formalidad en su implementación.

Que se profundicen las medidas tendientes a eliminar del Presupuesto Nacional subsidios a servicios, responsabilizando a las jurisdicciones correspondientes, liberando esos recursos para inversiones en obras destinadas a expandir los servicios básicos.

Que se elabore una agenda de trabajo conjunto del sector público y privado a corto, mediano y largo plazo.

La región se particulariza por tener un menor salario promedio y una mayor incidencia de la pobreza e informalidad respecto del resto del país, lo cual limita los alcances que puede tener una política tradicional de incentivos a la construcción de viviendas mediante créditos o subsidios a la demanda.

Las provincias del norte presentan particularidades que hacen necesario pensar en soluciones y políticas públicas especiales, en este sentido la construcción es la actividad con mayor incidencia de mano de obra en relación a otras industrias de la economía. La construcción, a través de las pymes constructoras, es la herramienta más eficaz para contrarrestar situaciones recesivas de la economía.

El trabajo de las pymes constructoras contribuye al cumplimiento de uno de los objetivos del gobierno que es la pobreza cero, por medio de la generación genuina de puestos de trabajo, la dotación de viviendas dignas a los sectores más vulnerables y el efecto dinamizador en la economía regional, contribuyendo al fisco local y regional

Asimismo estas proposiciones colaboran con el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible al que se adhirió el gobierno nacional en el año 2015, y el nuevo gobierno se comprometió a cumplirlo, específicamente nos referimos a la meta 11.1 que versa lo siguiente: De aquí al 2030 asegurar el acceso a todas las persona a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales, por medio de obras de infraestructura y mejoramiento de la vivienda.

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