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POSADAS

Tomarán declaración a camaristas por faltante de dinero en Tribunal

El juez de Instrucción José Luís Rey todavía no resolvió la metodología que empleará. Los empleados del Tribunal Penal 2 ya declararon y no aportaron datos de interés para la causa. Ahora les toca a los magistrados, que mantienen una fuerte interna. Los 10 mil dólares que desaparecieron de la caja fuerte eran del asesinado abogado Guillermo José Valdez.

Tras la feria judicial de verano, el juez de Instrucción José Luís Rey tiene previsto darle un nuevo impulso a la investigación que se disparó el 17 de agosto del año pasado cuando se descubrió el robo de 10.500 dólares que estaban depositados en la caja fuerte del Tribunal Penal 2 de Posadas.


El año pasado el magistrado le tomó declaración testimonial a la totalidad de los empleados judiciales y a los policías que cumplen diariamente guardia en ese lugar. Nadie aportó datos que permitieran descubrir al autor del robo.


Lo que se sabe hasta el momento es que el dinero ingresó en el mes de mayo pasado, pocos días antes del inicio del juicio oral y público por el homicidio del abogado Guillermo José Valdez, que terminó con el dictado de prisión perpetua a su ex esposa, Adriana García, Jorge Alberto Ramírez y el hotelero Bertoldo Neumann Rojas.


El dinero, que había sido decomisado en una de las cajas de seguridad de la víctima, fue guardado en la caja fuerte ubicada en una oficina contigua a la sala de debates. De allí desapareció misteriosamente, ya que el ladrón utilizó una llave original y, además, conocía la combinación del cofre.


En la investigación administrativa, el procurador Miguel Angel Piñero sostuvo que el responsable objetivo de la custodia del dinero era el secretario, Marcelo Ozuna, pero el Superior Tribunal de Justicia no tomó ninguna resolución. Es que en realidad el dinero fue depositado en la caja fuerte por el Tribunal Penal 1, que lo tenía bajo su custodia porque fue el encargado de realizar el debate oral y público.


Lo concreto es que ahora Rey pretende tomarles declaración a los tres camaristas del Tribunal Penal 2 para saber si cuentan con algún dato que pueda orientar las pesquisas.


Además, se aguardan informes a las casas de cambios, bancos, comercios y otras entidades para saber si alguna persona gastó una fuerte suma de dinero entre fines de mayo y los meses siguientes.


Lo concreto es que Rey deberá enfrentar algunos escollos en su intención de tomarles declaración a los magistrados. Es que uno de ellos, Juan Enrique Calvo, se encuentra con licencia médica desde fines del año pasado por una severa afección en su salud. Además, el clima entre los tres jueces dista de ser cordial a raíz de una prolongada licencia por diabetes que obtuvo el camarista Alfredo Escribano.


Mientras, el Tribunal Penal 2 continúa prácticamente paralizado. Es que aún no se fijaron las fechas para los debates que deben realizarse antes de la feria judicial de verano. Dos de esos juicios fueron suspendidos a fines del año pasado. (Ernesto Azarkievich)


 



 

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