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Tomó estado parlamentario el proyecto de recuperación de tierras de Alto Paraná

La iniciativa que propone declarar “de interés público provincial” el uso agropecuario de las parcelas agrícolas propiedad de Alto Paraná SA (Grupo Arauco) tomó estado parlamentario en la sesión del jueves de la Cámara de Representantes. El proyecto impulsado por el diputado Ricardo Maciel contempla a las tierras asentadas en los municipios de Puerto Libertad, Wanda, Puerto Esperanza, Colonia Delicia y Colonia Victoria. Uno de los puntos explica que “los lotes afectados en la cesión de explotación, únicamente podrán ser utilizado en forma asociativa dando preferencia a aquellas organizaciones que contengan personas desocupadas y que no sean propietarias de lotes agrícolas en Misiones”.

“Este proyecto persigue el único objetivo de reparación histórica de las comunidades de Wanda, Victoria, Colonia Delicia, Puerto Esperanza y Puerto Libertad, buscando en forma articulada con distintas organizaciones y con la participación de la misma empresa Alto Paraná en definir un plan estratégico de desarrollo agropecuario para estas comunidades”, expone el diputado Ricardo Maciel, autor del proyecto, en los fundamentos.



Más adelante aclara que el plan de desarrollo se podrá instrumentar “a partir de que la empresa Alto Paraná permita a través de una cesión de explotación  de las tierras de su propiedad a organizaciones productivas acompañados por el estado provincial y municipal”.



Desocupados



Otro de los puntos del proyecto explica que “los lotes afectados en la cesión de explotación, únicamente podrán ser utilizado en forma asociativa dando preferencia a aquellas organizaciones que contengan personas desocupadas y que no sean propietarias de lotes agrícolas en Misiones”.



En caso que la compañía de capitales chilenos se niegue a un acuerdo de cesión de explotación compartido o no de la tierra de su propiedad para el objetivo propuesto, el artículo catorce sugiere que “el Consejo Cesión Explotación de la Tierra (a crearse en el marco de esta ley) se convocará y arbitrará un plan estratégico para los municipios mencionados identificando los lotes catastrales necesarios para la prosecución de los objetivos trazados”.



Después de ese trámite, el Consejo enviará al Ministerio del Agro y la Producción de la provincia -autoridad de aplicación de la futura norma- para que analice en razón de los beneficios sociales y económicos la factibilidad de disponer de una alternativa de acceso a la tierra a través de otra propuesta legislativa.  



Intrusos



En los fundamentos de la iniciativa, Maciel recuerda como los pobladores de los pueblos mencionados “veían las acciones de un actor muy diferente para esos tiempos, donde el desmonte no era realizado por un colono sino en nombre de una empresa llamada Alto Paraná”. Además, observa que esa situación se acentuó en la década del 90, lo que permitió a esa firma aumentar su capacidad de ampliación de propiedades forestales.




Ante esta situación, “cientos de familias no estaban convencidos de quedarse en sus pueblos donde supieron aprender un oficio forestal y ya no son tenidos en cuenta”, expone entre los argumentos. Señala además que la alternativa fue trasladarse a Eldorado o Puerto Iguazú como primera escala, donde aterrizan y casi con desprecio se los tilda de intrusos ocupando tierras en forma precaria, ya que la oportunidad de conseguir changas en la ciudad es más factible que en su pueblo.



“Familias enteras desarraigadas y las colonias antes llenas de vidas hoy solo están los pinos. En lo que antes era un camino que separaba dos chacras y era un medio de vínculos entre personas hoy existe un cartel con la leyenda ‘Prohibido Pasar Propiedad Privada Alto Paraná S.A.’”, describe el legislador la situación de la zona. 



Por último, aclara que “no pretendo generar confrontaciones ni hacer aseveraciones ideológicas y menos generar una incertidumbre de seguridad jurídica, que siempre cuando se discute estos temas, rápida y hábilmente se pone en superficie como defensa y está bien que así sea pero de igual manera se debe considerar la inseguridad jurídica de los desplazados”.



Insiste en que “la tierra para estas familias es su esencia de vida y de ser, mientras que para el capital la tierra sólo es un componente más de su estructura de costos”.



 



 



 

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