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Tragedia del Paraná: un nuevo escollo en la búsqueda de los responsables

A diez meses de la peor tragedia en competencias de natación en aguas abiertas, los familiares de las ocho víctimas todavía no saben qué juez investigará las responsabilidades de los organizadores y la fuerza de seguridad que debía velar por la seguridad de los atletas y sus acompañantes. El Semanario /6p publica en su edición Nº 49 que en una decisión totalmente previsible, el juez federal Ramón Claudio Chávez, rechazó la incompetencia de la Justicia Ordinaria en el expediente donde se investiga la muerte de ocho deportistas en el río Paraná. Apenas conocida la resolución, los familiares de las víctimas lo cuestionaron con dureza.

El conflicto quedó planteado y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que deberá resolver el próximo año en manos de quién quedará la causa. Los familiares de las víctimas se mostraron decepcionados con la decisión del magistrado.



Con argumentos no muy sólidos, el juez federal Ramón Claudio Chávez, desistió de hacerse cargo del expediente que de oficio había iniciado su colega del fuero provincial Fernando Verón.



Si bien Chávez envió el expediente a Verón para que reconsidere su posición, éste no tiene otra opción más que remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dirima quién tiene razón. Es que no fue Verón quien dictaminó su incompetencia, sino que lo hicieron por unanimidad los camaristas del Tribunal Penal 2 a instancias de la fiscal de Instrucción Amalia Spinnato. En definitiva, sus superiores jerárquicos fueron los que lo obligaron a desprenderse del caso.



Las competencias



Apenas conocida la resolución de Chávez, los familiares de las víctimas lo cuestionaron con dureza. Es que tenían puestas sus esperanzas en que el conflicto de competencia no se produjera y finalmente se iniciara la investigación para determinar si hubo negligencia en la organización de la prueba y también en el operativo de seguridad que realizó la Prefectura Naval.



Chávez se basó en el dictamen de la fiscal Susana Costa, quien sostuvo que “por aplicación de los principios que conforman el Derecho Internacional, los Estados ejercen jurisdicción en su territorio terrestre, marítimo y aéreo con respecto a las personas y cosas que se hallan dentro de él….que implica el ejercicio del poder de policía consiguiente y no admite la concurrencia de potestad análoga de parte de otro Estado. Primera pauta que permite afirmar la jurisdicción exclusiva y excluyente de la República del Paraguay en el hecho”.



Afirmó Costa que no hay dudas sobre el lugar donde ocurrió el hecho “en aguas jurisdiccionales paraguayas…. siendo así, deviene abstracta toda consideración sobre la competencia ordinaria o federal a menos que de la investigación que diera lugar al inicio de las actuaciones hubiere resultado la existencia de hechos que habiendo tenido lugar en esta jurisdicción, hubieran de algún modo contribuido al acaecimiento del suceso”. En definitiva, Costa sostuvo que del lado argentino no pudo haber existido negligencia o algún incumplimiento porque las víctimas se hallaban aún en jurisdicción del vecino país.



Con respecto a la actuación de la Prefectura Naval, la fiscal dijo que “en nada pudo influir respecto al choque y succión de cuerpos, piraguas y otros transportes, que la convergencia de factores humanos, naturales y materiales (emplazamiento de las barcazas). Es por ello que dichas conductas quedan excluidas de la investigación relativa a la muerte de los nadadores y rescatistas”.



Y aclaró que “si alguna responsabilidad pudiera corresponderles por actos cometidos en jurisdicción argentina, es preciso…el encuadramiento legal de los mismos, pues solo respecto de un delito concreto es que cabe pronunciarse sobre el lugar de comisión y sobre tal base, acerca del juez a quien compete investigarlo y juzgarlo”.



El juez federal decidió “devolver las actuaciones a origen a fin de que, de mantener el criterio, las eleven a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de que dirima la contienda negativa de competencia”.



La resolución fue firmada por Chávez el pasado martes 9 y se conoció el miércoles 10 cerca del mediodía. Ahora el expediente volverá al Juzgado de Instrucción 1, que deberá remitirlo a la Corte.



 



La Justicia que tarda



Más allá de la desazón de los familiares por el contratiempo generado por la decisión de Chávez, la realidad es que la Justicia de Encarnación tiene abierto un proceso penal para investigar posibles responsabilidades y negligencias en la competencia que terminó con la vida de ocho personas. Mientras aguardan la decisión de la Corte, en la vecina ciudad podrían canalizar la demanda ante un fiscal que ya dio muestras de querer profundizar la investigación.



En la Justicia Federal de Posadas sostienen que la movida de los familiares de algunas de las víctimas busca en realidad encontrar la forma de depositar la culpa en terceras personas y así poder sobrellevar el dolor por la desaparición física de un ser cercano. “Fue una tragedia y es probable que no tenga culpables”, se sinceró un funcionario judicial que pidió el anonimato para evitar escraches.



Por lo pronto, la investigación ingresará en un impasse hasta el 2011. Es casi un hecho que el máximo Tribunal fallará en idéntica forma que en la causa “Anchau, Carlos Roberto s/ desaparición y fallecimiento”, en la que ordenó a la Justicia Federal investigar un accidente náutico en el Paraná de las Palmas.



El fallo fue dictado el 10 de marzo de 2009 con la firma de los ministros Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay. Todo hace presuponer que mantendrán el criterio y por ende la investigación quedará finalmente en manos de Chávez.



 

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