SEGUINOS

POLICIALES

Trata: siete años de prisión para un ex agente penitenciario

El Tribunal Oral Federal de Misiones – tras deliberar poco más de tres horas – condenó a Julio Argentino Rojas, alias “Cacho”, a siete años de prisión por el delito de trata de personas menores. Además, ordenó que se inicie una investigación al jefe del grupo de inteligencia de Gendarmería, por la supuesta falsedad de datos insertados en un informe. Los magistrados Norma Lampugnani, Manuel Moreira y Carlos Sodá recurrieron a las “circunstancias extraordinarias de atenuación” para imponer al imputado una pena menor a la establecida. La sentencia sería el epílogo de una poca prolija investigación.

El fallo, conocido al filo de las 15.00 de este jueves, también señala que se enviará a Ministerio de Derechos Humanos la queja del representante del Ministerio Pupilar, debido a que las menores que fueron víctimas de Rojas fueron abandonadas apenas salieron de la casa de recuperación y asistencia a las víctimas de trata, con lo cual retornaron a su estado de vulnerabilidad.



 



En otro punto, los jueces también decidieron remitir las actuaciones a la Fiscalía Federal para que se investigue al comandante de Gendarmería Rodolfo Barrandegy, quien se desempeñó como jefe del Centro de Reunión de Información (Inteligencia) de la fuerza. El oficial supuestamente insertó datos falsos en un informe clave para la investigación. Además del oficial, serán investigados los gendarmes que el 22 de octubre trasladaron a Rojas hasta el Tribunal con las manos esposadas en la espalda, provocándole serias lesiones en las muñecas.



 



El hecho por el cual Rojas fue sentado en el banquillo de los acusados fue investigado en un primer momento por la División Trata de la Policía de Misiones y luego por Gendarmería. La primera de las fuerzas no halló indicios de delitos en el bar que Rojas tenía en Santa Ana, pero dos meses después la fuerza federal infiltró dos agentes y corroboró que varias menores que hacían de coperas también ofrecían servicios sexuales, lo cual derivó en un allanamiento el 18 de diciembre de 2008.



La fiscal Vivian Barboza pidió diez años de prisión por el delito de “trata en la modalidad de captación, recepción, y acogimiento de menores con fines de explotación sexual agravada por violencia, amenaza y engaño”.



 



Sostuvo que en base a la declaración de las víctimas y de testigos se corroboró que en el bar de Rojas el ofrecimiento de sexo. Y que el imputado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de las menores para introducirlas en el mundo de la prostitución. “Con el dominio psicológico se logró el dominio físico. Y ese dominio llegó al límite del abuso sexual”, sostuvo.



 



Y pidió que se enviara un oficio a la Municipalidad para que se revoque la habilitación del local; y solicitó al Tribunal el decomiso de la propiedad de Rojas una vez que se acreditara la titularidad, por haber sido utilizada para cometer un delito.



La fiscal también reclamó que las dos víctimas fueran incluidas en el programa de testigos protegidos.



 



Por su parte, el defensor Hugo Zapana, dijo que la investigación de Gendarmería “es una causa armada” y que el verdadero trasfondo era una disputa por los clientes que tenía otro bar cercano con el de Rojas. “Acá hay cosas oscuras”, dijo Zapana.



El abogado dijo que el día del allanamiento “se plantó una menor en el local” y enumeró los testimonios contradictorios de las chicas víctimas durante su declaración a través de la cámara gesell. Y dijo que “es todo tan irregular que según las constancias, el comandante Barrandegy fue al bar de Rojas un día antes de recibir la orden de investigar”.



Zapana pidió la absolución por el beneficio de la duda, pidió investigar las irregularidades cometidas y se opuso al decomiso del bar.



Por su parte, el representante del ministerio pupilar, Ricardo Forés, reclamó una mayor presencia de distintos organismos estatales para evitar que los casos de explotación se cometan. “Acá se violaron normas de derecho común, como la Ley 190, de jornada de trabajo, que prevé que los menores no trabajen entre las 20.00 y las 6.00. Entonces pido que los magistrados recomienden al Gobierno provincial la necesidad de aplicar las leyes”.



El letrado agregó que por falta de coordinación entre distintos órganos estatales, las víctimas quedaron sin contención. “Una de las chicas formó pareja, tiene un bebé, pero sigue siendo vulnerable”, dijo Forés.



Y recomendó que la Municipalidad de Santa Ana realice un estricto control sobre los locales para evitar casos similares.

Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Descargar Semanario Seis Páginas