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Una buena noticia para las Comunidades Indígenas.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación, Miguel Iturrieta, presentó un Proyecto de Ley “que propone litigar gratis a las Comunidades Indígenas” según explica. “Las comunidades y los organismos que los representan gozarán del beneficio de gratuidad en los procedimientos judiciales y/ o administrativos”. El legislador misionero subraya el goce del pleno derecho de litigar sin gastos.

Con la reforma constitucional de 1994, el estado argentino abandonó las políticas de negación y desconocimiento de los pueblos originarios existentes en el país.


Como resultado de ello y el consiguiente reconocimiento de la existencia de la diversidad cultural, se incorporó dentro del art. 75 -norma que regula las atribuciones del Congreso-, una cláusula en la que el estado argentino se comprometió a reconocer y garantizar a los pueblos originarios, los siguientes derechos: respeto a la identidad étnica y cultural de los Pueblos, educación bilingüe e intercultural, reconocimiento de la personería jurídica de sus comunidades, posesión y propiedad comunitarias de las tierras tradicionalmente ocupadas, acceso a más tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, participación en la gestión de sus recursos naturales y en los demás intereses que los afectan.


En este reconocimiento constitucional, se asume el compromiso de construir un estado pluricultural. Y es importante destacar, sostiene Ramírez, que la incorporación a la normativa constitucional reconoce derechos pre-existentes, lo que significa admitir que éstos ya se encontraban presentes con anterioridad a la conformación de los Estados modernos.[1]


Este compromiso se ha profundizado con la ratificación en el año 2000, a través de la ley 24.071, del Convenio 169 de la OIT, que legisla con mayor extensión y precisión los derechos de estos pueblos. Instrumento que goza, en nuestro ordenamiento jurídico, de jerarquía supra legal.


Sin embargo, revertir la situación de desprotección y abandono que históricamente padecen, torna ineludible el articular medidas legislativas que allanen caminos hacia el efectivo acceso a la justicia de los mismos.


Tal como lo señalan Brigin y Kohen, el acceso a la justicia para ejercer derechos y defender las libertades es el principal derecho –el más importante de los derechos humanos- en un sistema moderno e igualitario que tenga por objeto garantizar, y no simplemente proclamar los derechos de todos.


 


Dice parte de los fundamentos del proyecto, presentado por Miguel Iturrieta, Diputado del Frente Renovador


 



 

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