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Justicia

Autoahorristas: el juez Casals dictó una medida cautelar que también beneficia a los titulares de planes que residen fuera de Posadas

El juez Federal en lo Civil de Posadas, José Luis Casals, dictó una nueva medida cautelar que beneficia a autoahorristas residentes fuera de la capital provincial. Alcanza a los titulares de planes de ahorro de autos que tengan domicilio dentro de la jurisdicción territorial del Juzgado Federal de Oberá: esto es, departamentos de Caingúas, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, 25 de Mayo, Oberá y Guaraní.

Conceden medida cautelar a favor de autoahorristas de la zona Centro

Para ellos se dispuso también “retrotraer el valor de las cuotas mensuales de los contratos de adhesión al mes de abril del 2018 y establecer que a partir del mes mayo 2018 las cuotas podrán incrementarse en términos porcentuales, según la variación mensual del Índice de Salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina”.

Fuentes judiciales confiaron que se trata de un proceso que estaba pendiente y que el Juzgado Federal de Oberá había remitido a Posadas.

“Considero que resulta procedente hacer lugar a la medida cautelar a fines de ordenar a las firmas demandadas retrotraer el valor de las cuotas mensuales de los contratos de adhesión al mes de abril del 2018, y establecer que a partir del mes de mayo 2018 las cuotas podrán incrementarse en términos porcentuales, según la variación mensual del Índice de Salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina”, reiteró Casals en su resolución.

“A tal fin, cabe aclarar que se entiende por ‘cuota mensual’ el valor final abonado por el consumidor, debiendo formularse este recálculo a la fecha de la próxima cuota a liquidar y para todos los miembros de la clase aquí representada, salvo aquellos que expresamente manifiesten su voluntad de excluirse, de conformidad a lo previsto en los párrafos sucesivos” aclaró.

Sostuvo el magistrado que “esta conclusión deriva de la delicada tarea del intérprete judicial, la cual es atender a las circunstancias de cada caso concreto, no como una cuestión meramente abstracta, sino analizando todos los derechos en pugna a fin de concertar el contenido razonable de los intereses contrapuestos y de los derechos que las partes controvierten, valorando la posible existencia de excepciones y matices. En ese orden de ideas, considero que el ajuste de las cuotas desde mayo de 2018 en adelante por el Índice de Salarios -mientras se resuelva la cuestión de fondo- resulta una manera equitativa de lograr, por un lado, brindar previsibilidad a los usuarios y consumidores, utilizando una variable económica que se encuentra estrechamente vinculada al potencial aumento de sus ingresos y por ende con sus capacidades de pago, garantizando la continuidad del cumplimiento de los contratos de adhesión; y que otorgará a las firmas demandadas una herramienta de ajuste para que las cuotas no se mantengan invariables en el tiempo”.

“Finalmente, cabe aclarar que lo aquí resuelto no importa un prejuzgamiento sobre la procedencia de las cuestiones de fondo vinculadas a la modalidad, extensión de los contratos, observancia a las normativas que rigen esta modalidad de ahorro y a estas las relaciones de consumo que vinculan a las firmas demandadas con los usuarios y consumidores que conforman la subcategoría de la clase aquí representada, lo cual tendrá que ser objeto de debate en la acción principal, que deberán interponer aquellos usuarios y consumidores de la clase representada que pretendan ser alcanzados por la presente medida cautelar, bastando con acreditar los extremos que a continuación detallaré, y donde cada uno podrá discutir su interés individual y el daño diferenciado que considere sufrir en su esfera personal”, aclaró Casals.

“En cuanto a la Inspección General de Justicia -siendo el organismo de contralor encargado de la aprobación de los contratos de adhesión y del régimen de declaración de precios mensuales (cfr. resolución IGJ nro. 8/15)-, y a la Secretaría de Comercio Interior – en virtud de las funciones que le fueron endilgadas en defensa de los usuarios y consumidores-, considero conveniente ordenar que extremen la fiscalización sobre dichas operaciones y sobre el cumplimiento de la medida dispuesta, a fin de evitar situaciones perjudiciales para los usuarios y consumidores en el contexto económico que atraviesa la República Argentina”, dispuso el juez Federal.

Y remató: “Estimo conveniente recordar, sin perjuicio de lo arriba expuesto, que las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado, no son definitivas ni preclusivas, razón por la cual pueden reverse siempre que se aporten nuevos recaudos. Pues, se trata en la especie de providencias eminentemente mutables y variables, de modo que puede modificarse lo decidido según lo ameriten las circunstancias debidamente corroboradas”.

Una medida similar ya rige para los titulares de planes de Posadas desde el año pasado.

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