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Aysa contrató energías renovables a Caputo por $2.300 millones y Macri otorga beneficios fiscales por decreto

Veinte días después que la estatal AySA preadjudicó a una empresa de Nicolás Caputo el abastecimiento de energías renovables por $2.321 millones, el presidente Mauricio Macri otorgó por decreto beneficios fiscales para las compañías que inviertan en proyectos de generación de electricidad a partir de fuentes renovables.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A., una firma que opera bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, firmó un contrato con Central Puerto S.A. para abastecerse de 10 megavatios promedio durante 10 años. El monto del contrato preadjudicado alcanzó los u$s53.874.000.

“La propuesta ganadora, iniciada en una licitación pública en septiembre de 2018, fue la más conveniente en términos de eficiencia, calidad y funcionamiento, entre otras variables, para finalmente establecer el monto del contrato”, señalaron a Ámbito desde la empresa estatal.

AySA provee servicios de agua potable y recolección de desagües cloacales a 14 millones de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. La energía de Caputo, testigo del tercer casamiento de Macri, provendrá del parque eólico “La Genoveva II”, ubicado en la localidad de Cabildo, partido de Bahía Blanca, que todavía no está terminado. Aguas admitió que ese “parque de generación de energía eólica está en fases avanzadas de desarrollo”. Se estima que comenzará a funcionar en mayo del 2020.

Según la firma CP Renovables, la empresa subsidiaria de Central Puerto en este sector, “La Genoveva II” tiene una capacidad de generación eléctrica de 42 megavatios.

En AySA celebran que la firma del contrato implicará un ahorro de alrededor de u$s1,5 millones al año y que cubrirá el 15% de su demanda total de energía con renovables, una vez en “La Genoveva II” entre en funcionamiento. “El uso de energías limpias es fundamental para el desarrollo sustentable de una empresa. Con este paso, AySA asume su responsabilidad en cuanto a sostenibilidad energética, consciente del impacto que genera, al tiempo que se adapta a la norma que rige para los grandes usuarios”, destacó Fabián Borro, director de Apoyo Logístico, estructura de la que depende la Gerencia de Energía de AySA.

Hasta ahora AySA adquiría energía renovable a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) a través del Mecanismo de Compras Conjuntas, con energía proveniente de las Licitaciones Renovar, desarrolladas por la Secretaría de Energía de la Nación. Así se abasteció en 2016 y 2017.

Sin embargo, el año pasado la empresa estatal decidió llamar a una licitación pública nacional -la número 42.582- para evitar gastos mensuales extra a Cammesa y para “aprovechar los incentivos que la normativa dispone actualmente para estos casos, abonando menores cargos por potencia y comercialización”.

El acta de preadjudicación que ventiló Energías Estratégica reveló que Central Puerto S.A. presentó la “mejor oferta” por sobre los demás oferentes. A 10 años y por 10 MW de potencia Central Puerto ofreció u$s61,5 por MWh; a 15 años cotizó u$s59,6 por MWh, mientras que a 20 años se propuso cobrar u$s59.

Los competidores de la compulsa fueron YPF Luz, 360 Energy y AES Argentina. Las dos últimas no superaron los requisitos técnicos. La subsidiaria de la petrolera ofertó u$s64,66 por MWh a 10 años; u$s61,96 MWh a 20 años, y u$s60,66 MWh.

Pocos días después de la preadjudicación, el presidente Macri firmó el Decreto 476/2019 para ampliar el Régimen de Fomento de las Energías, que otorga suculentos beneficios fiscales -exención de impuestos y subsidios- para estimular las inversiones en generación de este tipo de energía eléctrica “limpia”.

El decreto autoriza a ingresar al Régimen a las “personas humanas” domiciliadas en el país, y a las “jurídicas constituidas localmente”, que sean titulares de proyectos de inversión, incluidos los de autogeneración y cogeneración, y a concesionarios de obras nuevas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

Para obtener el certificado de inclusión en el Régimen y la asignación de los “beneficios promocionales”, los empresarios deberán presentar ante la autoridad de aplicación, en este caso la Secretaría de Energía de Gustavo Lopetegui, una documentación específica. El premio se traduce en crédito fiscal (denominado bono electrónico) para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, bonificación sobre el costo de capital y diferenciales para la adquisición de equipamiento de fabricación nacional.

Los millonarios fondos saldrán del Presupuesto. “El Ministerio de Hacienda determinará el cupo anual máximo a prever en el Presupuesto Nacional disponible para otorgar beneficios promocionales, sobre la base de la estimación que anualmente realice la Autoridad de Aplicación (en este caso Energía), en función de los proyectos de inversión a desarrollar”, indicó la reglamentación publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El Gobierno de Cambiemos prevé que se incremente progresivamente la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz eléctrica hasta alcanzar un 20% de los consumos anuales totales al 31 de diciembre de 2025.

Para lograrlo, instó a las energéticas a firmar contratos Power Purchase Agreement (PPA) con empresas estatales para acceder a los beneficios. “Es conveniente contemplar la posibilidad, excepcional, de que se celebren Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable con sociedades estatales -sean del Estado Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- o con sociedades vehículo de exclusiva propiedad de aquéllas, únicamente y siempre que sean titulares de los proyectos de inversión”, remarcó el mandatario en el Decreto 476.

Pero los beneficios no solo son fiscales, sino que además implican un mejoramiento en las condiciones de financiamiento de proyectos EERR, con aval de las arcas nacionales. “A las (empresas) que por ser integrantes del sector público accedan a financiamiento bajo ciertas condiciones, con intervención del Estado Nacional, por operaciones crediticias negociadas directamente por las provincias o por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se trate de proyectos de inversión con significativo impacto en el desarrollo local”, agregó la norma.

Fuente: Ámbito.

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