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Colectivo de Hipotecados UVA pidió una Mesa de Diálogo con el Gobierno para “una solución definitiva” a la problemática de la vivienda

Se realizó el miércoles una reunión por videoconferencia entre el Colectivo Nacional de Hipotecados UVA, representado por los referentes de cada una de las provincias y la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa junto con parte de su gabinete.

La reunión permitió transmitirle la generalidad de problemática del universo de hipotecados UVA de cada región del pais, junto a distintas particularidades.

También se le pudo comentar los problemas que surgen con la entidades bancarias y la interpretación que hace cada una sobre las comunicaciones emanadas del BCRA. “Es necesario que cada reclamo que hagamos y/o obstáculo que encontremos lo documentemos”, afirmó Dolores Corró, integrante del Colectivo UVA.

“Generar un registro de lo que atravesamos los Hipotecados frente a la resistencia de los Bancos para implementar y respetar las medidas del DNU319 y de la Comunicación A6949”, agregó.

Destacó que la Ministra escuchó atentamente y remarcó que los créditos UVA, tanto los Procrear como las otras líneas de crédito hipotecario, “fueron siempre una preocupación para el Gobierno”. En ese sentido, se comprometió a conformar una mesa de trabajo con integrantes del colectivo y con otros actores del gabinete, tanto del Ministerio de Vivienda como del equipo económico con el fin de llegar a una propuesta de solución definitiva a la problemática.

La funcionaria nacional remarcó la importancia de llegar a esa instancia con dos meses de antelacion a la finalización de las medidas dispuestas por el PEN. En caso de ser necesaria, dijo que la prórroga será evaluada.

Los pedidos que el colectivo realizó fueron los siguientes:

Por un lado al DNU 319/2020 que dispuso el congelamiento de las cuotas y la suspensión de las ejecuciones hipotecarias por 180 días y por otro lado de la Comunicación A 6949 del BCRA que habilitó la posibilidad de postergar el pago de las 3 primeras cuotas que abarcan el congelamiento, pasando las mismas al final del crédito.

“En ambos casos y dada la situación económica y social que estamos padeciendo como consecuencia de la pandemia, creemos que es necesario que estas dos medidas se extiendan en el tiempo y que por lo tanto sean prorrogadas. Ello es posible legalmente dada la vigencia de la Ley de Emergencia dictada por el gobierno nacional”, observó Corró.

En lo que hace al DNU y en relación a las diferencias generadas entre el valor de las cuotas congeladas y el que hubiese surgido de no haberse dispuesto el congelamiento y cuyos importes deberían comenzar a pagar los hipotecados a partir de octubre de no aplicarse una postergación en el plazo del DNU 319/2020, es fundamental que esa cuestión se resuelva aplicando la teoría del esfuerzo compartido, “sin perder de vista que en nuestra condición de consumidores no estamos en un pie de igualdad con el sistema financiero”.

Por lo tanto, la mayor carga debe recaer sobre aquél que se encuentra en mejores condiciones de soportarla, “claramente los bancos”. “Si se pone fin al congelamiento no se le puede exigir al hipotecado que se haga cargo de la diferencia. No estamos en condiciones de poder pagar esas diferencias”, subrayó.

En cuanto a la comunicación del BCRA que brindó la posibilidad de postergar el pago de las cuotas de abril, mayo y junio, pusieron en conocimiento de la Ministra que dicha medida no fue acatada de inmediata por los bancos y muchos se mostraron reticentes a su aplicación. “Eso lo denunciamos públicamente en nuestro último comunicado y al día de hoy siguen existiendo inconvenientes”, enfatizó.

Si se postergaran el DNU y la Comunicación del BCRA, se brindaría un alivio a quienes o bien han visto reducido sus ingresos por suspensiones en sus trabajos, pérdida de empleo o bien por ser trabajadores independientes (autónomos, monotributistas) que se han visto imposibilitados de trabajar y generar ingresos.

Asimismo, esa postergación permitiría ir trabajando en la elaboración de una salida del sistema de indexación de las hipotecas, e ir hacia un sistema previsible que permita atender todas las necesidades económicas de las familias hipotecadas “y salir de ese modo del sobre endeudamiento que padecemos”.

Para que un programa hipotecario sea sostenible y posible de pagar a lo largo de toda la vida del crédito, la relación cuota ingreso no debe superar el 25 %. Ese umbral es el porcentaje que se fijó como tope al momento de calificar a los hipotecados, consideró Corró.

“Creemos que ese criterio se debe fijar a lo largo de toda la vida del crédito. Tenemos casos de deudores que destinan hasta el 70 % o más a pagar las cuotas. Eso es insostenible y priva de calidad de vida a los hipotecados y su familia”, indicó.

Como Colectivo Nacional de Hipotecados con presencia federal en todo el país, “quisiéramos continuar manteniendo una línea de diálogo y conformar con su Ministerio y con quienes tienen responsabilidades en la materia una Mesa de Diálogo, ya que podemos aportar ideas que entendemos son útiles para ir resolviendo la denominada problemática UVA”.

“Que en realidad y para no apelar a eufemismos, no es más que el fracaso de una política pública de vivienda que se dio el anterior gobierno y que la realidad terminó demostrando que no es viable indexar contratos a 30 años en un país que padece los niveles inflacionarios que tiene la Argentina”, expresó la referente del sector.

Además, “es muy importante no perder de vista que la obligación del Estado de tomar medidas para asegurar el Derecho a la vivienda se encuentra plasmada en nuestra constitución y en los Tratados internacionales incorporados a nuestra Carta Magna”.

Señaló también que en la última gran crisis – la que ocurrió hacia fines de 2001 y 2002, el Estado debió resolver y encontrar una salida a las hipotecas dolarizadas. La normativa dictada en ese entonces –decretos y leyes-, brindaron un marco normativo útil para evitar que miles de familias perdieran sus viviendas. Entre ellos se mencionó el Sistema de Refinanciación Hipotecaria que estableció la ley 25798.

“Es necesario que en esta oportunidad también se brinde una solución desde el Estado que permita encontrar una solución de fondo y que cree el campo propicio para impulsar una política crediticia de acceso a la vivienda que resulte viable y sustentable en el tiempo”, sentenció finalmente.

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