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Cómo impactará en las provincias el acuerdo con el FMI

Nacionales Economía

Los términos enviados al Congreso contemplan una reducción de los giros en concepto de ATN, la coordinación de un revalúo inmobiliario federal y el cumplimiento de la ley de Responsabilidad Fiscal.

El acuerdo técnico alcanzado entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional tendrá una implicancia directa sobre las finanzas y la política de las provincias. Entre las medidas contempladas en el proyecto que comienza a analizar el Congreso nacional hay tres puntos que resultan centrales: el revalúo inmobiliario federal, que impactará directamente sobre los impuestos inmobiliarios que cobran los distritos y que tendría además su correlato en Bienes Personales, la limitación a las transferencias de fondos discrecionales y la obligación que tendrán los gobernadores de informar de manera periódica el estado de las finanzas públicas.

Esos tres ejes tienen, en rigor, sus propios matices. Por ejemplo, la reformulación de los valores de los inmuebles conlleva beneficios disímiles para cada una de las administraciones. Mientras que para provincias de baja dependencia de la coparticipación como Buenos Aires, Córdoba, la CABA, Mendoza o Santa Fe los ingresos por el Inmobiliario resultan más abultados que los de otros distritos, como Formosa, Chaco y Catamarca, donde el impacto del revalúo se traduciría directamente en una mejora importante en los fondos provenientes de Bienes Personales que se coparticipan mes a mes.

Según los cálculos del Gobierno, con esta modificación que recaería sobre los valores fiscales de unas 600 mil propiedades, se busca recaudar $65.000 millones más este año y más de $130.000 millones extra en 2023.

“La discusión se tendrá que dar con cada una de las provincias, porque no todos los sistemas tributarios se mueven de la misma manera. Es un camino largo”, analizó un ministro de Economía de un distrito de opositor al gobierno nacional.

El otro apartado sensible para la vida política de las provincias es el que refiere los recortes en los Aportes del Tesoro Nacional. En el punto “Otros gastos corrientes”, el Gobierno se compromete a “limitar las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales”, un cambio que hubiera condicionado, por caso, el acuerdo sellado el jueves pasado -24 horas antes de que el proyecto del acuerdo con el FMI ingresara en Diputados- entre la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof por un desembolso de 75 mil millones de pesos para reforzar en distintos frentes la gestión del gobernador para lo que resta del año.

Los ATN siempre funcionaron como una herramienta de financiamiento político de manejo discrecional, especialmente en tiempos electorales. Cumplir firmemente con un compromiso para limitarlos supone un desafío para el próximo año, cuando deberán renovarse la Presidencia y las gobernaciones, aunque el escenario esconde un riesgo: “El acuerdo no habla de eliminar las transferencias, sino de limitarlas. Por lo tanto ello podría profundizar la inequidad política en la distribución”, deslizó un ministro de Economía de un distrito históricamente marginado en el reparto de esos fondos.

De acuerdo con un informe de la consultora Aerarium, el año pasado los ATN beneficiaron mayormente a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa, en detrimento de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Una ecuación que se profundizó luego del resultado de las PASO, con el crecimiento de los envíos discrecionales a los 18 distritos donde las listas de legisladores oficialismo habían caído ante las de la oposición de Juntos por el Cambio.

El tercer punto del acuerdo que involucra directamente a las provincias es el que refiere a la “Coordinación fiscal federal-provincial”: “En adelante, con la asistencia del FMI, estudiaremos opciones para reformar el Régimen de Responsabilidad Fiscal, para evaluar la función del Consejo Fiscal y para limitar futuros endeudamientos en moneda extranjera por parte de los gobiernos provinciales. Para este fin, reforzaremos los acuerdos de intercambio de información entre el gobierno federal y las provincias para lograr que todas las provincias compartan en tiempo y forma los informes fiscales trimestrales”.

Los sucesivos acuerdos en torno a la ley de Responsabilidad Fiscal suscriptos y modificados desde hace más de dos décadas, tienen trazos de letra muerta. Ese compromiso de transparencia fiscal es hoy más un conjunto de buenas intenciones que un manual de acción. Una de las reglas, la relacionada con los ingresos, quedó modificada por última vez en diciembre pasado, a través de la firma de un nuevo Consenso Fiscal que le quitó a las provincias definitivamente la obligación de avanzar en una baja escalonada de Ingresos Brutos, definida durante la gestión de Mauricio Macri.

Desde 2004, a pesar de las muestras de respaldo y de la adhesión formal a la ley, son pocas las provincias que cumplen de manera religiosa con la presentación ante el Consejo de Responsabilidad Fiscal de los balances trimestrales de una norma que sin tener reglas duras buscaba poner ciertos límites al gasto público. (ambito.com)