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Con duras críticas al Tribunal juzgador, la defensa de María Ovando pidió que la sentencia sea revocada

Justicia Policiales

La defensa de María Ramona Ovando (44), condenada a 20 años de prisión acusada de haber participado en los abusos sexuales de los que fueron víctimas una de sus hijas y una de sus nietas en Eldorado, presentó un recurso de casación para que el fallo sea revocado.

Los abogados Roxana Rivas y Eduardo Paredes hicieron la presentación ante el Tribunal Penal de Eldorado, que fue el que dictó el fallo el pasado 28 de octubre. Consideraron que la sentencia es un acto invalido por: “1) falta de determinación del hecho atribuido a Ramona Ovando, esto es, tiempo, lugar y modo; 2) medios de prueba con severas contradicciones (testimoniales), 3) evaluadores con fuerte sesgo incriminatorio”.

Para los camaristas que juzgaron a la mujer, “los abusos descriptos fueron cometidos con la complicidad de Ovando, quien no solo permitió que los mismos sucedieran, ya que cuando ambas menores le contaban lo que estaba ocurriendo les pegaba, haciendo que optaran por no contarle más, sino que además les entregaba a cambio de dinero, concretamente de la suma de 100 pesos, que su concubino Marcos Laurindo y su amigo Marcos Iván Ferreyra le debían abonar”.

Lyda Gallardo, María Teresa Ramos y Eduardo Jourdan la consideraron responsable de “corrupción de menores agravada”, por supuestamente haber permitido o no haber evitado el abuso sexual hacia una de sus hijas y una de sus nietas por parte de Marcos Laurindo y Lucas Ferreira, quienes fueron condenados a 18 y 12 años de prisión, respectivamente.

“Como se ve, tal imputación no establece cuándo y cómo se produjo tal hecho, se agrega a ello, las severas contradicciones –aún más- relatos gruesamente incompatibles con lo establecido por la medicina forense en la cuestión. Es necesario referir que -en general- las sentencias son confusas al no establecer cuál es el hecho que considera acreditado, esto debe surgir por inferencia luego del análisis de los medios de prueba realizados”, aseguraron los defensores.

Añadieron que “el hecho que la sentencia considera acreditado, no establece –mínimamente- datos que permitan establecer, en forma detallada cuándo ocurrió que María golpeó a las niñas al contarles de los abusos que sufrían, y no impidió tales abusos (conducta omisiva); del mismo modo no establece -mínimamente- cuándo cobro $ 100 por permitir tales abusos (conducta activa). Los relatos confusos de al extremo que no pueden sostenerse en términos ginecológicos. La absoluta falta de precisión de la imputación efectuada a María Ovando priva de validez a la pieza procesal, la acusación ni la sentencia cumple con el principio de determinación del hecho de la acusación, es decir, no se describe el hecho en sus circunstancias de modo, tiempo y lugar específicos”.

Volvieron a cuestionar el hecho de que en el juicio el fiscal Federico Rodríguez ampliara la acusación contra los tres imputados. “Es obvio, porque si alguien es condenado por algo que no fue tema de acusación, se afecta la defensa en juicio, en razón que es condenado por un hecho por el que no pudo defenderse, así, probar, alegar, plantear nulidades , excepcionar, etc”, sostuvieron Rivas y Paredes.
Asimismo insistieron en que las lesiones en las zonas íntimas que presentaban las víctimas no coincidían temporalmente con el tiempo en que las niñas estuvieron bajo el cuidado de Ovando.

Apuntaron que cuando habrían sucedido los ultrajes las nenas eran tuteladas por la abuela paterna.

Perspectiva de género

Sostuvieron que hubo una total ausencia de perspectiva de género en la valoración distintos informes: “Como bien lo expresáramos a lo largo del debate, María Ovando es una mujer cuyos derechos fundamentales fueron violentados sistemáticamente a lo largo de toda la vida. Inmersa en una pobreza estructural, sobreviviente de todas las formas de violencias –física, sicológica, obstétrica, institucional, económica, simbólica. Violencia que también la sufrieron sus hijos sin que el Estado haya cumplido de manera eficiente su rol de garante de derechos. La primera violencia que no puede ser pasado por alto es que ella comenzó a parir antes de los 14 años, siendo empujada a maternar desde ese momento en condiciones siempre hostiles, sobreponiéndose a violencia doméstica y familiar y sin ningún entorno de cuidado que le hubiera permitido transitar estos procesos acompañada, protegida. A los 36 años María ya había parido 12 hijos, estuvo embarazada, pariendo, amamantando, criando de manera ininterrumpida desde su más tierna infancia y en muchos momentos en la más absoluta indefensión”.

Cuestionaron que “se espera de María conductas propias de ‘buena madre’. Se critica por tanto que no alcance esos estándares que son esperables de rol social y culturalmente atribuido. A pesar de ser analfabeta es juzgada por no ayudar con las tareas, no acompañar los procesos pedagógicos. Se le reprocha no mantener un rol de autoridad definido, vivir en pobreza estructural y se lee su vulnerabilidad como un indicio de peligrosidad”.

“Una segunda observación es la confusión del Tribunal sobre los alcances de los derechos de los niños y sobre quien o quienes pesa la responsabilidad, eximiendo de todo ello al Estado al que representan, y poniendo sobre una madre por el solo hecho de serlo, la obligación de garantizar exitosamente todos estos derechos. Desde este lugar se cae en la arbitrariedad, libremente. Ella no cumplió su rol de cuidado y garante de la seguridad e integridad física y sexual de sus hijas y nieta, solo ella no lo cumplió, a pesar que en el tiempo _poco preciso- en el que supuestamente sufrieron los abusos, todo el aparato judicial de familia estaba observando la vida de estas niñas y ninguno observó, ni evitó los supuestos abusos”, agregaron.

También el defensor oficial de Laurindo y Ferreyra, Rodrigo Torres Muruat, presentó un recurso de casación y un doble nulidad de todo lo actuado.