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Denuncian represión policial contra la comunidad mbya de Perutí ante funcionaros de DD HH

La comunidad mbya guaraní de Perutí, ubicada en el Municipio de El Alcázar, con sus nuevas autoridades electas, lideradas por el cacique Hugo Cristian Cabrera, y las organizaciones sociales que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), repudiaron el accionar de los representantes de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, que depende del Ministerio de Derechos Humanos, ante quienes, efectivos de la Comisaría de Caraguatay, este miércoles golpearon “salvajemente” a mujeres y jóvenes de la comunidad.

El hecho ocurrió cuando una delegación de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes ingresaron a la aldea Perutí, “sin respetar la cuarentena impuesta por la pandemia por coronavirus tanto desde el Gobierno Nacional como provincial, y más aún sin el cuidado de cubrirse con barbijos.

“El grupo llegó hasta al domicilio de Ricardo González, el cacique destituido por la asamblea general de la comunidad, realizada el domingo 19 de abril, para entregar tarjetas sociales.

“Nos llama la atención la falta de respeto a las costumbres y a las autoridades recientemente elegidas por la comunidad, de parte de quienes deben preservar y proteger a las tradiciones y el pueblo guaraní”, señalaron las y los militantes de las organizaciones sociales.

“Se negaron al diálogo y apelaron a la violencia”

Al conocer la noticia de la visita de funcionarios de la Dirección de Asuntos Guaraníes, entre los que estaba la mano derecha de Arnulfo “Miki” Verón, Hugo Britez, hombres y mujeres con sus niños, fueron a esperarlos en “la tranquera” de acceso, para poner en su conocimiento la realización de la asamblea, y la necesidad de que gestionen ayuda alimentaria para paliar la difícil situación que está atravesando en la comunidad, debido a la pandemia por el Covid-19.

“Pero los funcionarios se negaron al diálogo y en acuerdo con el anterior cacique, Ricardo González llamaron a la Policía de la Comisaría de Caraguatay, cuyos agentes llegaron y comenzaron a golpear a todos los que se les pusieron en el camino, lesionando seriamente a dos jóvenes de 13 y 16 años”, puntualizaron los denunciantes.

 

“Sin respeto por nuestros derechos ganados”

“La comunidad mbya guaraní se siente violentada y agraviada por los funcionarios del Gobierno que no respetaron los derechos ganados con años de lucha, violaron la Constitución Nacional y golpearon a nuestros niños y fuimos discriminados.

“Pedimos a quienes nos agredieron que reflexionen en su accionar, que respeten nuestra cultura, organización, nuestras autoridades y derechos”, sostuvo el cacique Cabrera.

Los guaraníes también hicieron “un llamado de atención a la ministra de Derechos Humanos de la provincia, Graciela Leyes, y al director de Asuntos Guaraníes, Arnulfo Verón sobre la actitud de sus empleados, e inicien las actuaciones administrativas que corresponden a los fines de corregir las conductas discriminatorias que persisten en las organizaciones estatales”, señalaron desde Perutí.

La Policía dice que ellos fueron agredidos

La Comisaría de Caraguatay actuó a pedido de la Dirección de Asuntos Guaraníes y sus efectivos fueron golpeados por personas de la aldea Perutí que tenían “aliento alcohólico”. La documental de la Institución consigna que resultaron con heridas producto de las agresiones de que fueron objeto al intermediar en un conflicto generado en la aldea entre dos sectores de la comunidad mbya.

El médico policial diagnosticó a cinco policías –entre ellos el Comisario_:“traumatismo de cráneo; traumatismo en codo derecho y mano derecha; escoriaciones en nariz, contuso en zona de hemotorax derecho, hematoma de pierna derecha, contusion en zona lumbosacra, rotura de anteojos recetados”.  Por instrucción del Juzgado de turno se instruyó un sumario caratulado “privación ilegítima de la libertad, lesiones en riña, resistencia a la autoridad y daño”.

Los efectivos actuaron ante denuncia de Hugo Paul Britez, funcionario de la Dirección de Asuntos Guaraníes del Ministerio de Derechos Humanos quien dijo haber concurrudo con Antonio Sixto Bareiro a la aldea para “cumplir la tarea de monitoreo del funcionamiento de la Emergencia alimentaria y seguridad alimentaria de la personas en el marco de la emergencia epidemiológica a raíz de COVID 19.

“Y cuando se disponían a salir del lugar, ya en el portón  de salida de la Aldea, se encontraba Cristian C., Orlando C. y Aurelia N. con un grupo de adolescentes, mujeres y niños, todos residentes en el lugar, quienes no le permitieron salir de la aldea, aduciendo que debían darles explicaciones de su presencia en el lugar”.

 

 

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