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Denuncian “violento desalojo contra familias que viven y trabajan en sus tierras desde hace 50 años”

Provinciales

Tres generaciones de familias campesinas de Colonia Isolina, de la localidad de Corpus, sufrieron este miércoles “un violento desalojo, aún cuando son poseedoras legítimas desde hace más de 50 años del Lote 12 de esa colonia, ubicada en el Departamento San Ignacio, donde trabajan produciendo alimentos”.

Durante la mañana, el grupo familiar integrado por Julio Larrea, Marina Villagra, sus hijos e hijas, y ocho nietos y nietas, “fueron violentados por más de 50 efectivos y el GOE, que invadieron el predio de 12 hectáreas, y perpetraron el desalojo por orden del Juzgado Civil y Comercial 4 de Posadas, a cargo de la jueza Nélida S. de Méndez, que reconoce como titular a José Foti, quien adquirió el lote a través de una subasta pública en 1988. Sin embargo en los papeles ya existía constancia que estas familias habitaban las tierras”, se denunció.

“Ante semejante atropello, intercedieron ante la Justicia”, la Dirección de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, a cargo de María José Castillo- que depende de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación; el diputado del bloque parlamentario Tierra, Techo y Trabajo, Martín Sereno y las organizaciones sociales que integran la Unión de Trabajadores/as y de la Economía Popular (Utep), quienes gestionaron “la detención del desalojo que perjudicó a todos, especialmente a niños y niñas, y a una adulta mayor que es ciega.

“El supuesto titular no hizo ningún acto posesorio durante 30 años del lote donde viven y trabajan estas familias desde hace más de 50 años. Destruyeron sus viviendas y dejaron a los niños y niñas en la calle y a sus padres y madres sin sustento para subsistir. El Estado es responsable de los daños a su integridad. Exigimos que se frene el desalojo, se restablezca la posesión a las familias, haya un resarcimiento de daños ocasionados y se reconozca la propiedad que quienes viven y trabajan en la tierra”, destacaron desde la Utep: Movimiento Evita y la Mnci-Cloc Vía Campesina, cuyos militantes y dirigentes cortaron la ruta bajo la lluvia, hasta que llegara por escrito la notificación del Juzgado de la orden de suspensión del desalojo.

“Violaron derechos elementales de estas familias”

Luego de las gestiones realizadas, el Juzgado dispuso que “por ahora quedaba suspendido el desalojo; pero antes, ya se habían destrozado las viviendas  y los muebles de las familias, entre llantos y gritos de las criaturas y la angustia de los mayores.

“Se violaron los derechos humanos elementales de tres generaciones de familias campesinas. No se puede entender la complicidad entre los Poderes del Estado para avasallar los derechos de los más humildes. Una de las abuelas es ciega y hace más de 50 años vive y produce en su parcela. Lamentablemente, el abuelo de los niños y niñas no sabe leer ni escribir, y las autoridades judiciales se aprovecharon de esa falencia y ordenaron el injusto proceder contra adultos y adultas mayores, y niños y niñas, entre ellos algunos lactantes que fueron expulsados de sus viviendas”, expresó el legislador de TTT.

Agregó que una vez más después de reiteradas amenazas “vemos el accionar de los Poderes del Estado alejados de la realidad de las personas más vulneradas, y de una fuerza policial cómplice al servicio del negocio inmobiliario”, señaló el diputado Sereno, que el jueves pasado presentó en la Legislatura, un Proyecto de Ley para que se prorroguen hasta el 31 de diciembre de 2023, las ejecuciones de sentencias que ordenan el desalojo o remate de inmuebles destinados a viviendas única y familiar, y a las de producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años sean fiscales o privados. En esta nueva prórroga pide que se modifique el artículo 1, y que la inscripción en el registro dure todo el tiempo de vigencia de la nueva norma. Actualmente la Ley XII Nº 28, actual XII Nº 37 está vigente hasta fin de este año.

La Safci intervino ante el Juzgado

La Safci realizó una presentación legal al Juzgado Civil y Comercial donde se tramita en el expediente, explicitando que las personas involucradas nacieron y criaron a sus hijos e hijas en esa tierra, quienes a su vez armaron sus respectivas familias, desarrollando la agricultura familiar para el autoconsumo y el abastecimiento local.

Actualmente los grupos familiares residen en cuatro viviendas, cuentan con energía eléctrica y agua potable, comparten el mismo territorio, con producciones de yerba, mandioca y cría de cerdos, y están inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar.

La funcionaria nacional sostuvo que se deben entender todos los aspectos relativos a la aplicación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, así como otros instrumentos jurídicos relacionados al sector, ya que la ley declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria, entendiendo a la tierra como un bien social.

Derecho al arraigo y producción de las familias

“Es competencia de nuestra Subsecretaría velar por el cumplimiento del marco normativo aplicable en casos que involucren a familias de la agricultura familiar, campesina y comunidades indígenas, y es necesaria nuestra intervención para garantizar el derecho al arraigo y producción de las familias en cuestión”, manifestó la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Safci,

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, indica que el derecho humano a una vivienda adecuada es fundamental en todos los derechos económicos, sociales y culturales.

El concepto de “adecuación” incluye la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra; las personas deben gozar de seguridad que les garantice protección legal contra el desalojo, hostigamiento y otras amenazas”, subrayó en el escrito.

En consecuencia, el Estado “tiene la obligación de respetar, proteger y realizar el derecho a la alimentación adecuada. Si se expulsa a las personas de las tierras a través de las que gozan del derecho a una alimentación adecuada, se vulnera el deber de garantía de este derecho humano fundamental. Debemos proteger la tenencia legítima y velar para que campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, no sean desalojadas arbitraria o ilegalmente”.   

La abogada recordó que la agricultura familiar representa casi un 80% de los productores de la Argentina que producen la mitad de las frutas y hortalizas que se consumen en el país.

Advirtió además que las normativas de la Agricultura Familiar y de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, vigentes en Misiones, establecen suspender desalojos para familias en circunstancias como las de Colonia Isolina, de Corpus.