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Descubren que en la contratación de Gil Lavedra se violó el secreto fiscal de la Afip

Nacionales

Surge de la denuncia del fisco en la Oficina Anticirrupcion. El abogado que hoy preside el Cpacf no solo fue contratado irregularmente, sino tomó contacto con causas antes de tener autorización legal. Tenía múltiples incompatibilidades. Cobró más de $8 millones solo por el caso Oil Combustibles

Increíblemente, la cuestión siempre había sido sospechada pero nunca se confirmó con documentos: la gestión de Alberto Abad contrató de manera irregular a abogados privados, algo inédito en la historia de la AFIP que cuenta con uno de los planteles de abogados más profesionales y extensos de la administración pública. Pero no solo eso, sino que el abogado externo tomó contacto con expedientes bajo secreto fiscal sin estar mandatado y 20 días antes de contar con la aprobación legal de su designación por parte del propio Abad que lo trajo para abocarse a una sola causa: Oil Combustibles.

La cuestión había sido denunciada incluso en el juicio oral que se desarrolló durante dos años y medio. Pero los hallazgos ahora en manos de la Oficina Anticorrupción se extienden mas allá del contrato, sino que mencionan incompatibilidades que hubiesen hecho imposible que fuera contratado.

Ricardo Gil Lavedra actúo como patrocinante del entonces Administrador Federal Alberto Abad presentándose en la causa 4943/2016 (López Cristóbal y otros s/ Defraudación contra la Administración Pública) el 25 de abril de 2016, esto es 20 días antes de que el Abad haya dado el visto bueno a esa contratación, algo que ocurre recién el 16 de mayo de 2016.

Entre los documentos encontrados por la actual gestión de la AFIP se halló que en la presentación realizada por el fisco en Oil Combustibles ante la justicia se constituye domicilio en el estudio de Gil Lavedra. Y que por la información detallada en el escrito se concluye que existió violación del secreto fiscal y secreto de datos personales, dos delitos que están tipificados.

Tras el cotejo de la documentación surgió también que el abogado continuó siendo apoderado de la AFIP en la causa durante 8 meses luego de finalizado su contrato. El carácter del contrato establecía que solamente el contratado podía actuar como abogado (intuitu personae), es decir que las obligaciones asumidas por el mismo eran intransferibles. No obstante, ello, ese detectó que autorizaron a tomar vista y sacar fotocopias de los expedientes a terceros vinculados a los estudios jurídicos, en clara violación del secreto fiscal y secreto de datos personales y de las cláusulas contractuales.

Entre el 15 de julio de 2016 y el 12 de diciembre de 2019, Gil Lavedra facturó y cobró $8.333.726 pero la AFIP concluyó que fue en base a una “contratación simulada” en la que se invocaron procedimientos y finalidades regladas pero que materializó una decisión previa que era hacerlo desembarcar en la causa Oil. Pero la denuncia incluye una serie de incompatibilidades adicionales:

Percibió ingresos de forma simultánea por contratos de locaciones de servicios de la AFIP y de la Tesorería de la Provincia de Jujuy.

Se desempeñaba “ad honorem” en el Ministerio de Justicia de la Nación como coordinador de “Justicia 2020” y era abogado defensor de un imputado en el marco de causas penales por delitos de lesa humanidad en la que el Estado Nacional era parte querellante (a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). Simultáneamente fue contratado por la AFIP para la prestación de servicios profesionales.

“Patrocinaba y efectuaba gestiones extrajudiciales respecto de contratistas estatales de forma simultánea con la contratación en AFIP”, señala la denuncia.

En forma simultánea, era letrado patrocinante de la Provincia de Santa Fe en la causa “SANTA FE, PROVINCIA DE C/ ESTADO NACIONAL S/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” en la que el Estado Nacional es parte demandada y resultaba de importancia institucional para la AFIP, cuya resolución implicó una pérdida de $ 14.036.708.553,40 para el organismo.

De acuerdo al documento al que accedió Ambito, “en la contratación de los abogados Alejandro Carrió y Maximiliano Reussi, reemplazantes de Gil Lavedra, se produjo un desplazamiento de la autoridad solicitante y supervisora de la contratación, la cual fue ejecutada por Jimena de La Torre, subdirectora General de Coordinación Técnico Institucional, que era incompetente para tales fines”. Hoy es una de las candidatas por el estamento de los abogados para el Consejo de la Magistratura por impulso del propio Mauricio Macri. “En los tres procedimientos de contratación se simuló haber realizado entrevistas para seleccionar abogados”, se denunció.

Se solicitó que se investigue la posibilidad de que hayan ocurrido graves delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, servicios y negociaciones incompatibles con la función pública por las autoridades.

Gabriel Morini

ámbito.com