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El Colegio de Inmobiliarios recibe denuncias por incumplimiento del congelamiento de alquileres

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Misiones señaló que “es la entidad adecuada para recibir denuncias por incumplimiento del decreto presidencial que impide desalojos y congela los alquileres hasta el mes de septiembre”.

 

Las denuncias se pueden recibir en la sede del Colegio en Posadas, en la calle General Paz 1658, donde las oficinas están abiertas los martes y jueves de 8 a 12.

 

Asimismo, se pueden realizar reclamos por incumplimiento del protocolo sanitario diseñado por el Colegio y que permitió que las inmobiliarias puedan reabrir sus puertas en la cuarentena administrada que rige en Misiones. Las denuncias se reciben en la sede del Colegio o en correo electrónico ccpimisiones@gmail.com.

 

Ante cualquier duda, el Colegio Inmobiliario, que preside Juan Maidana, advierte que los únicos profesionales habilitados para ejercer el corretaje inmobiliario son los que figuran en la página oficial https://ccpim.org.ar/?page_id=181.

 

En las últimas horas trascendió un pedido del Defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, que insta a las inmobiliarias a cumplir estrictamente lo establecido por Decreto de Necesidad y Urgencia n°320/2020, referente a los alquileres.

 

La misiva del funcionario señala el artículo 9 del decreto presidencial referido a inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural, a actividades culturales y comunitarias, pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias, alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria, para ejercicio de profesiones liberales, etc, con una serie de disposiciones que afectan la ejecución de los mismos, vigentes hasta el 30 de septiembre del corriente año, como ser: suspensiones de desalojos, prórrogas de los plazos de vencimiento, congelamiento de los precios de los alquileres, reprogramación en las deudas o mayores valores de los precios de los mismos, bancarización del pago del precio, prohibición de aplicar recargos por gestiones, etc”.

 

Según Penayo, en la Defensoría se recibieron numerosos reclamos de vecinos a quienes quisieron desalojar sus locatarios, otros que eran obligados a pagar el monto en fecha y si no lo hacían los recargaban con intereses muy altos, entre otros.

 

 

 

 

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