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El Senado dictaminó el Presupuesto 2021 y lo sancionará la próxima semana con guiño a FMI

El kirchnerismo avanzó el miércoles en el Senado con el dictamen del Presupuesto 2021 y le sobran los votos para sancionarlo la semana próxima, con el objetivo de blindar la muestra de buena fe ante el arribo de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras escuchar al jefe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Marcos Makón, el oficialismo firmó el despacho y ahora espera una señal de Juntos por el Cambio, que decidirá en las próximas horas si replica la abstención mayoritaria, como ocurrió días atrás en Diputados.

Por la tarde, la OPC -clave e inobjetable en cuanto a sus documentos- informó que “en lo que se refiere a los gastos, las incorporaciones introducidas” en Diputados “suponen un aumento de gastos que alcanza los $260.564 millones, equivalente al 0,7% del PIB”. En esa línea, agregó: “Se destacan con el 93,7% del total ($244.229 millones) la incorporación de 406 nuevas obras con incidencia en ejercicios futuros, que se suman a las 507 obras estimadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el proyecto de presupuesto elevado al Congreso”. Las famosas planillas de la “felicidad”.

Además, la OPC explicó que la Cámara baja “introdujo dos aspectos novedosos relacionados con el financiamiento de los nuevos gastos propuestos”, y agregó: “Por un lado, en el artículo 88, se propone no solo un aumento de partidas presupuestarias para determinados programas, sino también los créditos que deben disminuirse para financiar dicho aumento. Por el otro, en el artículo 11, referido a la autorización de compromisos de ejercicios futuros para la ejecución de proyectos y adquisición de bienes, se incluye una cláusula que faculta al Jefe de Gabinete a efectuar las compensaciones necesarias para que los incrementos en los montos asignados a las nuevas obras se financien con disminuciones de otros créditos aprobados”.

Entre los inconvenientes que dejó el debate en la Cámara baja aparecen la no contemplación de dos temas trascendentales en cualquier plan de ingresos y egresos: las prometidas reformas jubilatoria y tributaria, en medio de un año con congelamiento de haberes previsionales y subas por decreto, y de ideas para gatillar más impuestos o frenar la baja de otros -lo que sería el nuevo Consenso Fiscal-, ante una economía mundial ahogada por el coronavirus. La pandemia también es otra preocupación: ningún gasto “importante” -más allá de las potenciales vacunas- fue contemplado en el Presupuesto 2021, tal como alertó Juntos por el Cambio días atrás.

La ley de gastos 2021 que plantea el Gobierno proyecta una inflación del 29%, un dólar promedio de $102,4 y un déficit fiscal de 4,5% del Producto Bruto Interno. Más del 50% de la falta de recursos se suplirá con emisión, pese a un crecimiento estipulado de más del 5,5%.

El Senado volverá esta tarde al recinto virtual para realizar una sesión especial, en la que el kirchnerismo -que preside el formoseño José Mayans- intentará votar un puesto clave a favor del actual magistrado federal y exapoderado del PJ tucumano, Raúl Bejas: la vacante de juez en la Cámara Nacional Electoral.

La postulación de Bejas fue defendida por el kirchnerismo la semana pasada en la comisión de Acuerdos del Senado, que comanda la legisladora camporista Anabel Fernández Sagasti. Entre los candidatos enviados años atrás por el macrismo, que el actual Gobierno retiró y volvió a enviar, aparecía este cargo electoral clave. Sin embargo, el Ejecutivo dejó de lado a Alejandra Lázzaro para impulsar a Bejas.

Durante su exposición, Bejas rechazó los cuestionamientos por su pasado como apoderado del PJ de Tucumán y por haber sido representante legal de empresas del exgobernador y senador con licencia -por denuncias de abuso sexual-, José Alperovich.

“En ningún lado la creación de la Cámara prohíbe que un abogado que ha sido apoderado de un partido pueda ser miembro. No puede haber sido autoridad partidaria, pero sí apoderado”, sostuvo el magistrado, y remarcó que la única condición necesaria “es la idoneidad” y el apego a la Constitución nacional y a las leyes.

En la sesión de esta tarde aparece un proyecto que preocupa al sector privado, que fue dictaminado la semana pasada en la Comisión de Trabajo de la Cámara alta, que maneja el legislador oficialista y de extracción sindical Daniel Lovera (La Pampa).

El texto propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo para llevar, hasta los tres años, la prescripción de “las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral”, y hasta cinco años “las demás acciones relativas a las relaciones individuales de trabajo en general, de disposiciones de convenios colectivos de trabajo o laudos con eficacia de convenios colectivos de trabajo, disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo”.

Fuente: Ámbito.

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