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El STJ volvió a confirmar la pena para la abogada Rocío Santa Cruz: tres años de prisión de cumplimiento efectivo

Provinciales

El Superior Tribunal de Justicia, en un fallo divido, confirmó la pena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo que se le impuso a la abogada y ex modelo y Miss Argentina Rocío Santa Cruz por haber atropellado y matado al motociclista Ramón “Topo” Cabrera (52, agente de Tránsito municipal) el 31 de enero de 2016 en el cruce de las avenidas Quaranta y 115, en Posadas.

De esta manera, dejó firme, por 5 votos contra 2, la pena que había sido dispuesta por el juez de Instrucción Dos, Juan Manuel Monte, sobre quien había recaído la responsabilidad de fallar nuevamente en cuanto al monto del castigo luego de que el STJ revocara parcialmente la primera sentencia sobre el caso, dictada por el magistrado César Raúl Jiménez, quien había dispuesto cuatro años de cárcel para la imputada, en 2018.

La Corte misionera había sostenido sobre ese primer fallo que no se había probado fehacientemente que Santa Cruz manejaba con exceso de velocidad al momento del choque, por lo que eso no podía tenerse por agravante. Ya entonces, el Superior había opinado que no había dudas con respecto a la culpabilidad de la joven. Sin embargo, dispuso que debía haber una nueva sentencia, que es lo que dictó el juez Monte, el 30 de julio de 2020.

Contra este nuevo fallo condenatorio es que los abogados Eduardo Paredes y Claudio Alberto Ferreyra presentaron un recurso de casación, nuevamente rechazado por el STJ.

Santa Cruz quedó condenada entonces a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, más las costas del juicio, como autora responsable del delito de Homicidio Culposo (art. 84 CP), más la accesoria de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de diez años.

Ahora, la defensa tiene derecho al recurso extraordinario federal y el STJ lo rechaza, acudir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los argumentos

El primer voto del Superior Tribunal en esta ocasión lo tuvo la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori. Ella, en sus fundamentos, explicó que “el recurso en estudio plantea esencialmente la nulidad de la nueva pena impuesta por dos cuestiones: la inobservancia del principio contradictorio y la falta de fundamentación. Se logra advertir que solamente el primer cuestionamiento resulta novedoso dado que en relación a la fundamentación de la pena, en vez de objetar los nuevos argumentos relativos a la nueva condena expresados en sentencia ahora recurrida, reedita los ya expuestos en relación a la anterior condena que éste Alto Cuerpo dejó sin efecto por el efecto extensivo de su decisión”.

“En primer orden, sencillamente debe decirse que no es posible invocar la violación al principio de contradicción en esta oportunidad cuando ello es propio de la etapa plenaria que a la postre, ha transcurrido con total normalidad”, sostuvo.

“Mediante resolución N° 798 STJ 2019 se ha encomendado al juez de origen que dicte nueva pena en relación a un hecho cuyas circunstancias, autor y tipificación legal se encuentra firmes y consentidas. Lógicamente ello no implica reeditar el debate sino la corrección de un defecto legal para lo cual no es necesaria la intervención de las partes como pretende introducir la defensa”, recordó la Presidenta del STJ.

“Respecto a la fundamentación de la pena, es de destacar que la defensa reedita en su totalidad los argumentos expresados en su primer recurso de casación con la particularidad de que aquellos están referidos a una pena distinta a la impuesta en esta oportunidad dejando indemnes los argumentos dados por el juez para justificar la nueva imposición”, afirmó.

Dijo que “de la sentencia cuestionada puede verse que se ha tenido en cuenta la edad de la imputada, que en ese momento tenía treinta años, como dato objetivo para reflejar con ello la plenitud de su desarrollo en el entendimiento y capacidad de asimilación respecto a las consecuencias causadas por su accionar. En cuanto a la educación, refiere a que la imputada es una persona instruida, de profesión abogada, por lo que debió haber tenido en cuenta también las consecuencias jurídicas de su actuar, máxime entre sus antecedentes laborales se puede destacar que la profesional del derecho prestó funciones en el fuero penal del Poder Judicial de Misiones”.

“Como puede advertirse, se ha cumplido en su totalidad no solo con lo dispuesto por resolución N° 798 STJ 2019 sino también con la fundamentación exigida por los Art. 40 y 41 del Código Penal Argentino, razón por la cual, no habiendo prosperado agravio alguno, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia recurrida”, opinó.

Con ella coincidieron sus pares María Laura Niveyro, Ramona Beatriz Velázquez, Cristian Marcelo Benítez y Dr. Roberto Rubén Uset.

De su lado, el Dr. Jorge Antonio Rojas votó diferente: afirmó que debía anularse la sentencia porque el Juez Monte omitió hacerle una entrevista personal a la acusada. A su postura se adhirió el Dr. Froilán Zarza.

“Al resolverse el mentado recurso de casación a través de la Resolución N° 798/2019, la opinión mayoritaria entendió que debía hacerse lugar parcialmente al recurso, sólo en relación al agravio que versaba sobre la velocidad de circulación, confirmándose en todo lo referido a la acreditación material del hecho y la autoría. Así pues, como consecuencia de ello, se procedió a un reenvío a los fines de que se determine una nueva pena ajustada a los lineamientos allí establecidos. Una vez devueltas las actuaciones a origen y constituida la nueva integración, el magistrado designado procedió al dictado de un nuevo pronunciamiento (fs. 827/834), el cual se limitó únicamente a la determinación de la pena, ponderando aquellos elementos objetivos y subjetivos pre existentes en la causa”, detalló Rojas.

“Cabe señalar que las circunstancias que han incidido en la mensura de la pena – aparentemente tomadas en el sentido gravoso de la misma, ya que no se aclara expresamente cuál ha sido el sentido – fueron: la edad de la imputada (30 años al momento del hecho), su educación (es abogada), su ocupación laboral (se desempeñaba en la división jurídica de la AFIP y previamente trabajó en el fuero penal del Poder Judicial de la Pcia.), su conducta precedente, refiriéndose al hecho de no tomar las precauciones necesarias (no respetar el deber de cuidado), la peligrosidad de la conducta y las consecuencias padecidas por la víctima, el daño ocasionado (refiriéndose al resultado muerte de la víctima), como así también la conducta posterior al hecho asumida por la imputada, por no haberse puesto inmediatamente a disposición de la justicia”, describió.

Pero remarcó que “de la lectura de los considerandos de la sentencia, a pesar de que el magistrado a quo hizo alusión a la necesidad de seguir los índices mensuradores dados por los arts. 40 y 41 del CP, omitió por completo pactar previamente una audiencia o entrevista personal a fin de tomar un mayor conocimiento de la persona a la cual estaba condenando y así garantizar una mayor inmediación, asegurando a la imputada su derecho a ser oída”.

“Por lo tanto, de acuerdo al criterio marcado por la Corte, no se puede tener por suplida ni se puede hacer una remisión a la entrevista personal o al conocimiento personal o de visu que haya tenido otro juez en la primera ocasión de dictar condena a la imputada Santa Cruz. A su vez, es importante remarcar que esta regla es obligatoria para todas las instancias, por lo que también el caso que nos ocupa queda comprendido”, precisó.

“Bajo estas circunstancias, debemos concluir que el incumplimiento de la audiencia de visu trae aparejada como consecuencia la nulidad de la sentencia, no sólo por la falta de debida intervención del juez, en tanto se trataría de una exigencia que recae en cabeza del Estado que le prohíbe aplicar una pena si el funcionario encargada de fijarla no ha conocido personalmente a la persona que la sufrirá, sino que además, como consecuencia de ello, es nula por la afectación del derecho de defensa de la imputada y de la garantía del debido proceso”, concluyó.

“Por todo lo expuesto en los párrafos que preceden y, ante la posible afectación de la garantía de defensa en juicio y del derecho a ser oído de la imputada, voto por hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de la imputada Santa Cruz, anular la resolución recurrida y remitir las actuaciones a un nuevo tribunal, a los efectos de que proceda a fijar una nueva pena acorde a los fundamentos antes expuestos”, votó.

La postura sólo cosechó una adhesión. Y de esta manera se dio un fallo por mayoría.