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El trasfondo y los puntos clave de la declaración de servicios públicos esenciales

Aunque la decisión ya se tomó y gran parte de la ciudadanía está de acuerdo, hay quienes buscan oponerse al DNU que declara como servicios públicos a internet, telefonía y TV paga. “Es un igualador social que esperamos hace tiempo”, destacó Ariel Garbarz, Ingeniero en Electrónica.

“Hace muchos años que la telefonía fija es un servicio público escencial, todos los argentinos fuimos reemplazándola por la telefonía celular, que se usa muchísimo más. Hay más celulares activos que habitantes y ni hablar de la necesidad imperiosa que tenemos de estar comunicados a través de internet desde que estamos pasando por la pandemia”, dijo.

Explicó que, en medio de la emergencia sanitaria que se atraviesa por el brote de Covid-19, “la decisión fue tomada porque en la Ciudad de Buenos Aires se propuso mandar a los chicos sin conectividad, que son los más pobres, a las escuelas para que accedan a Internet, arriesgando sus vidas por falta de conectividad”.

“El decreto es algo que hace tiempo esperamos los que estamos vinculados a las telecomunicaciones porque es un igualador social. Es terminar de una vez por todas con esta brecha digital, empezando por la Educación”, resaltó el Ingeniero.

Pese a que gran parte de los ciudadanos está de acuerdo con el DNU anunciado días atrás, se escuchan discursos de la oposición, sobre los que Garbarz comentó: “Hay mucha gente que no puede apelar al sentido común porque su subjetividad está cibercolonizada por los medios hegemónicos, fundamentalmente los que maneja el grupo Clarín”.

Sostuvo que “la cibercolonización es muy difícil de reconocer por ellos y repiten los argumentos del mismo grupo, que es el único afectado por tener que verse obligado a garantizar un servicio en zonas sin rentabilidad y depender de subsidios estatales”.

Además, remarcó que “los argentinos tienen que saber que vivimos, en lo que son las telecomunicaciones, dentro un oligopolio donde toda la red federal de fibra óptica, que debería estar controlada por el Estado, está controlada por Cablevisión y por Fibertel”.

“Incluso las otras proveedoras de internet, en el interior del país, tienen que pagarle «peaje» al grupo Clarín para poder brindar sus servicios. Tiene el monopolio de la red, de los servicios y de los peajes, además son propietarios de Telecom, Fibertel, Cablevisión y ahora también de Claro. Tiene el oligopolio de la telefonía celular, internet y la TV paga”, agregó.

Repercusión social

Por otra parte, el Ingeniero esclareció algunos puntos claves que establece la normativa:

  1. Se retrotraen los aumentos anunciados. No se puede aumentar más ni uno de los tres servicios sin autorización del gobierno, lo mismo que ocurre con otros servicios públicos esenciales.
  2. Independientemente de la situación socio-económica y de la ubicación geográfica, cada familia en el país tiene derecho al mismo acceso a internet y a la telefonía celular, en segundo lugar. El mismo ancho de banda y la misma velocidad, eso quiere decir. No puede existir la famosa frase «no tengo señal».
  3. Los proveedores de este servicio tienen que garantizar ese derecho. En caso contrario, el Estado los puede multar fuertemente o quitarles la concesión.

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