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Femicidios: advierten que dos de cada 10 víctimas pidieron auxilio al Estado y no fueron protegidas

El rol y la eficacia del Estado argentino se pone en tela de juicio cada vez que se conocen nuevas estadísticas. Ocurre con la educación, cuando se difunden los resultados de pruebas internacionales y queda en evidencia que la escuela no iguala, sino que sostiene las diferencias de cuna.

Ocurre cuando nos enteramos de que en el norte del país mueren chicos por desnutrición. Y ocurre, también, cuando una mujer que había hecho la denuncia por violencia de género termina muerta. En el Día Internacional de la Mujer, datos oficiales indican que eso le ocurrió a 2 de cada 10 mujeres víctimas de femicidios.

El dato surge del informe anual del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, que hace una radiografía de los procesos penales iniciados en ese distrito por este tema. Las cifras, en la variación interanual, no muestran grandes fluctuaciones. En 2019 hubo 101 procesos calificados como “femicidios”; en 2017, 98; y en 2018, 102.

Una diferencia es que en 2019 el 22,5 por ciento de las mujeres asesinadas había alertado al Estado por la situación que estaba padeciendo. Es decir, había hecho denuncias por violencia de género, una tendencia que va en aumento. En 2017 y 2018 esa proporción había sido del 12,7%. El resto de las víctimas registradas no había realizado denuncias previas.

Clarín consultó a expertas en temas de género para tratar de explicar qué está fallando desde el Estado para contener mejor a esas víctimas que se animan a denunciar cada vez más y que luego no reciben una respuesta adecuada, es decir, para no quedar al alcance de sus victimarios.

​​Natalia Gherardi, directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, consideró que “es muy valorable que el ministerio público elabore y difunda estos datos, porque muestran la dimensión del problema. Que haya más de un 20 por ciento de mujeres que han buscado el auxilio de la Justicia y que así y todo terminan en femicidio tiene que venir acompañado de una profunda reflexión y autocrítica del Poder Judicial y de las políticas públicas y sociales del Poder Ejecutivo provincial y municipal. Es decir: ¿dónde estaban para acompañar a estas mujeres en el proceso de denuncia?”.

Gherardi aclaró, sin embargo, que “no se puede relacionar el hecho de que haya más denuncias con más muertes”. Y explicó que “el proceso de denuncia es un punto de partida de un camino que es largo, difícil, sinuoso. La experiencia indica, y estos datos lamentablemente lo demuestran, que la denuncia no siempre viene acompañada de un sostén emocional, social, comunitario y judicial, como deberían”.

Marisa Fournier, docente de la Cátedra de Género de la Universidad General Sarmiento, consideró que “se requiere de políticas hiperintegrales. Solamente la denuncia no es el camino más óptimo. Hay que saber cuáles son las redes de apoyo que tiene esa mujer en caso de que se tenga que ir del hogar hasta que salga la perimetral. Los refugios no siempre incorporan la posibilidad de ir con los hijos, entonces el dilema es con quién los deja. La cuestión de la autonomía económica también hace a la mayor vulnerabilidad. A esto se suman que son subjetividades que han sido lastimadas en términos de empoderamiento”.

Fournier agregó que “para tener una política consistente e integral hay que tener también acompañamiento judicial gratuito y eficiente. Y hay que poner también la atención en los botones de pánico y en la complejidad que implica el seguimiento en relación con la dotación de personal que tiene cada uno de los municipios, la tecnología para recibir el aviso rápido, una veloz comunicación con las patrullas más cercanas, y que el patrullero tenga nafta: cosas que a veces son banales pero que hacen a la realidad de estas situaciones. Son recursos que evitan femicidios”.

Laura Velasco, legisladora porteña por el Frente de Todos y militante feminista, explicó que “desde 2009 tenemos la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Y si bien la misma ley plantea que deben ser capacitados los organismos del Estado para poder terminar con la violencia de género en la Argentina, hemos avanzado muy poco. Por eso es muy valiosa la Ley Micaela, que hace hincapié en la formación para todos los agentes del Estado y particularmente para todos aquellos que tienen que recibir las denuncias y actuar en consecuencia cuando una mujer le dice basta a la violencia de género”.

Velasco agregó que el sistema público de salud, seguridad y justicia tiene que estar preparado para recibir la denuncia, pero también debe tener herramientas que permitan proteger de verdad a las mujeres ante esta situación e inclusive atender a los varones. En la Ciudad, sólo en el Hospital Alvarez y con un cupo de 20 personas atienden a varones que han ejercido violencia de género. Hay muchos déficits en las políticas públicas para hacer realidad las leyes que hemos ido conquistando con el #Niunamenos”.

Consultado sobre este diagnóstico, Julio Conte Grand, procurador general de la Provincia de Buenos Aires, dijo que “el tema de la violencia de género es un objetivo estratégico prioritario. Y en función de eso desarrollamos una tarea multicausal. En función de esto hemos generado mecanismos de capacitación que hacen que las diferentes áreas de gestión (Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y Tutelar) tengan hoy una aptitud y sobre todo una actitud por la transformación cultural que hemos llevado adelante consecuente con la tutela de las personas más vulnerables”.

Conte Grand aseguró que se trabaja en “la capacitación, la mejora del equipamiento, la mejora edilicia, la interacción con otras áreas jurisdiccionales, relacionamiento con expertos internacionales, que han dado una perspectiva como la que se está desenvolviendo en España, que es considerar la situación del violento y trabajar sobre su reinserción, y el perfeccionamiento de los centros de asistencia para evitar la desatención de la víctima”.

Fuente: Clarín.

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