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Rechazan el acuerdo que firmó el fiscal que habló de “desahogo sexual” para beneficiar a jóvenes acusados de violar

El Juez Penal Marcelo Nieto Di Biase resolvió rechazar el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes, en el marco de la causa en la cual se acusa a tres jóvenes por el delito de abuso sexual simple. El fiscal Fernando Rivarola los había beneficiado al considerar al hecho, ocurrido en Playa Unión (provincia de Chubut) durante septiembre de 2012, como un “desahogo sexual”.

A criterio del juez, el acuerdo pretendía imponer una pena de tres años en suspenso, mínima para la escala elegida por las partes. En contrapartida, de aplicarse correctamente la norma, tal como lo sostiene la vasta doctrina, se debería pensar en una calificación que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión.

En cuanto al consentimiento expuesto por la víctima en la audiencia, Nieto Di Biase lo consideró condicionado, lejos de la forma en la que pretendía que fuera tomado por las partes.

A su vez, el magistrado sostuvo que no convalidaría un acuerdo reparatorio bajo términos de confidencialidad. “Soy juez, no mediador. Y como juez no puedo aceptar que por acuerdo extrajudicial de partes se me diga lo que puedo o no decir en el marco de una sentencia, dado que resulta inadmisible”, señaló.

“A partir del propio diseño constitucional que rige la actividad fiscal, se establecen límites específicos, en cuanto a la discrecionalidad que pueda adoptar, no encontrándose los delitos analizados en la presente causa dentro de ese margen de discreción (Cfr. Art. 71 del Código Penal y 44 del CPP). Para que quede claro, no puedo tolerar, que cuanto menos en el marco de mi competencia, exista una justicia que tenga resultados diferentes, dependiendo del poder adquisitivo de los imputados; lo que de por si solo resultaría repugnante y claramente violatorio al artículo 16 de la Constitución Nacional que consagra el principio de igualdad ante la ley”, agregó la resolución, que fue notificada a las partes durante este martes a la tarde.

En enero del año pasado, una joven denunció que en septiembre de 2012, cuando tenía 16 años, fue violada por un grupo de varones en una casa del balneario Playa Unión de la ciudad de Rawson, en Chubut. La denuncia tomó gran repercusión en la provincia y la Justicia abrió una investigación de oficio, por lo que cinco de los seis jóvenes acusados fueron imputados por “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”.

En las últimas horas y tras varios meses de recabar pruebas, se conoció que el fiscal del caso, Fernando Rivarola, avanzó en el cierre de la causa y su resolución en un proceso. Según adelantaron medios locales y pudo confirmar Infobae con fuentes de acceso directo al expediente, Rivarola acordó un juicio abreviado con los imputados, lo que implica la aceptación de la culpa de los acusados y una pena menor.

También hubo aceptación de la víctima, lo que es requerido por la ley, aunque una alta fuente en los tribunales de Trelew aseguró: “La víctima no quiere afrontar un juicio y exponerse”.

Asimismo, el fiscal había modificado la calificación legal de “abuso con acceso carnal” por la de “abuso sexual simple, agravado por la de dos o más personas”. Según explicó, el cambio de carátula se debió a la falta de pruebas en el expediente y la dificultad de probar una violación siete años después. Además, había argumentado el pedido de juicio abreviado considerando al hecho como un “accionar doloso de desahogo sexual”, término que se viralizó con indignación en las redes sociales.

La acusación recayó sobre tres de los seis involucrados: Ezequiel Quintana, Leandro Del Villar y Luciano Mallemaci. Otros dos, R.V. y T.S., fueron sobreseídos por ser menores de edad al momento del presunto abuso, y el restante habría colaborado en la investigación como arrepentido, aunque aseguran que no tuvo participación en el hecho.

Los acusados, uno por uno

Luciano Mallemaci: uno de los cuatro hombres que la presunta víctima señala como uno de los abusadores. Mallemaci tiene 25 años y es hijo del dueño de una inmobiliaria reconocida en Puerto Madryn. De acuerdo a sus registros, su último empleo en blanco fue en una empresa cordobesa que se dedica a elaborar piezas de hormigón.

Marcelo Ezequiel Quintana: con domicilio fiscal en Caleta Olivia, Santa Cruz, es otro de los apuntados por la joven de haber abusado de ella. Al momento del hecho era mayor de edad y actualmente tiene 29 años. Está registrado en los rubros de servicios jurídicos de la AFIP. Integra junto a miembros de su familia la firma Andequin S.A., una sociedad dedicada a la construcción. Residía al momento de la denuncia en la ciudad de Buenos Aires.

Leandro del Villar: nacido en Puerto Madryn, tiene 28 años y era mayor de edad cuando, según lo denunciado, abusó de la presunta víctima. Según medios locales, jugó al squash y es corredor de karting aficionado. Su principal actividad comercial es el transporte de pasajeros, en la que figura registrado como empleador según la AFIP.

R.V. y T.S fueron sobreseídos porque eran menores al momento del hecho. De T.S. trascendió que nació en Gaiman, provincia de Chubut, y residía en Miami, donde manejaba la compañía Patagonian Sea. Fue inhabilitado a salir del país. La joven lo acusó de haber sostenido la puerta para que nadie ingresara al cuarto donde cuatro hombres abusaban de ella. Es hijo de un poderoso empresario de la pesca. Cerca de T.S dicen que las pruebas en su contra eran sumamente endebles.

El sexto acusado no quedó imputado. Habría colaborado con la Justicia desde un rol de arrepentido. Su papel en la presunta violación habría sido de coparticipación sin intervención: de testigo del hecho. La víctima dijo que él confesó que la drogaron para someterla. Su hermano fue electo como intendente de Gastre, una comuna rural del norte de Chubut.

El caso se comenzó a investigar en la última semana de enero de 2018. En una publicación en redes sociales titulada “La Manada de Chubut”, la denunciante contó de manera anónima en la red social Facebook que el 17 septiembre de 2012 habían ido con unas amigas a una fiesta a la casa de uno de los acusados. “A poco tiempo de llegar, perdí la consciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones”, relató.

Motorizado por agrupaciones feministas, se convirtió en una insignia. Los acusados fueron repudiados en sus casas con carteles, con movilizaciones a tribunales.

En el relato que publicó, la joven contó que después del hecho sufrió hostigamientos para que no realizara la denuncia. “A partir de ese momento empezaron sus intentos de acallarme tanto a mí como a mis amistades”, aseguró. Por esta razón, argumentó, junto a su familia debieron mudarse y abandonar Puerto Madryn. “Tuve que irme a vivir a otra ciudad como si hubiera sido responsable de la situación”, sostuvo. También, reveló que intentó suicidarse.

La situación hizo que tuviera que comenzar tratamiento psicológico y psiquiátrico. “Gracias a todo este tiempo de intentar sanar es que hoy me siento lo suficientemente fuerte para poder contar mi historia. Que se sepa qué tipo de personas son, que durante todos estos años siguieron sus vidas impunemente, mientras yo no tengo estabilidad emocional y por ello sigo tratada”, cerró su denuncia.

Fuente: Infobae.

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