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La batalla por el congelamiento de los precios de combustibles llegó al Congreso

Nacionales

En medio de la evaluación del abastecimiento, legisladores de la oposición presentaron proyectos de ley para anular el Decreto de Necesidad y Urgencia 566/2019, publicado el viernes 16 de agosto en el Boletín Oficial. Esta norma fijó que las entregas de petróleo crudo “deberán ser pagadas” al precio convenido entre las productoras y refinadoras al 9 de agosto anterior, aplicando un tipo de cambio de $45,19 y un barril de Brent u$s59.

La diputada del Movimiento Popular Neuquino Alma Liliana Sapag propuso suspender por los 90 días que dura el congelamiento la percepción del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, establecidos por la ley 23.966. “La decisión del Gobierno ha colocado en un serio riesgo la política energética”, dijo la secretaria de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja.

El sindicalista petrolero Guillermo Pereyra, senador coterráneo de Sapag, presentó otro proyecto para derogar el DNU. “Atenta contra las economías regionales, el sector trabajador, el federalismo y la autonomía provincial”, argumentó al coincidir con los amparos judiciales de los gobernadores de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. “Es una medida inconsulta”, agregó Pereyra. Lo mismo creen los petroleros.

Al mismo tiempo, en la Secretaría de Energía analizan cómo flexibilizar el congelamiento de precios. Todo dependerá de la estabilidad del tipo de cambio, hoy alrededor de $57, y el barril Brent en u$s59. El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, analiza medidas para descomprimir a los sectores afectados por el congelamiento de precios en los combustibles por 90 días.

Fuentes oficiales explicaron que las decisiones que se tomarán deberán contar con la aprobación del nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, hoy muy preocupado por el reacomodamiento macroeconómico y la atención de las restricciones fiscales.

La última opción de rescate anticipado de bonos fue propuesta por el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, para compensar a petroleras y refinadoras. La iniciativa consta en que las compañías compren Bonar 2020 a bajo precio en el mercado abierto, se los revenden al Estado -que necesita rescatarlos- y el Gobierno les paga un valor más alto a modo de compensación.

Con estas medidas y la “jugada” financiera de YPF se desactivarían los reclamos de provincias y empresas, que como Vista Oil&Gas, presentaron demandas judiciales por el perjuicio que el congelamiento les provoca. Solamente YPF calculó un perjuicio por u$s120 millones. En total, en el sector se habla que la brutal intervención de Mauricio Macri en el mercado, tiene un costo por atraso de precios de entre u$s500 millones y u$s 700 millones. Unos $40.000 millones al tipo de cambio actual.