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Justicia

La defensa de Ovando volvió a insistir en que el fallo condenatorio “carece de pruebas y es nula”

“La sentencia es nula por indeterminación del hecho, por falta de pruebas, muestra un interés directo en criminalizarla y hasta está hecha con apuro”, sostuvo el abogado Eduardo Paredes, miembro de la defensa de María Ovando, tras su primera lectura de los fundamentos de la sentencia que condenó a la mujer a 20 años de cárcel.

Para los camaristas Lyda Gallardo, María Teresa Ramos y Eduardo Jourdan, Ovando responsable de “corrupción de menores agravada”, por supuestamente haber permitido o no haber evitado el abuso sexual hacia una de sus hijas y una de sus nietas por parte de Marcos Laurindo y Lucas Ferreira, quienes fueron condenados a 18 y 12 años de prisión respectivamente.

“La sentencia es nula en lo que respecta a María porque no determina con precisión, cuándo y cómo ella permitió y cuándo y cómo ella ‘vendió’ a las hijas. La sentencia está muy mal redactada, está hecha a las apuradas, tiene un sesgo criminalizante contra estas tres personas y condena sin pruebas. La no determinación del hecho, por lo cual no podrá defenderse jamás, ya decreta la nulidad de la sentencia tal cual lo dijo el presidente inicial del juicio”, aseguró Paredes.

En los fundamentos, el Tribunal repasa tanto los términos de la acusación junto al material probatorio presentado por la Fiscalía (a cargo de Federico Rodríguez), como los argumentos y elementos presentados por las defensas.

María Ovando tuvo la tenencia provisoria de sus hijas menores y de una de sus nietas desde mayo de 2013 hasta marzo de 2015, cuando la jueza de familia Margarita Potschka decidió que las niñas regresen con su supuesta abuela paterna. Se trata de la misma persona que las tuvo en guarda cuando María estuvo presa y es la denunciante en esta causa.

Esa abuela denunció el 29 de abril de 2015 que sus nietas habían sufrido abusos sexuales mientras vivieron con María Ovando, de parte del “marido” o “novio” y que ella había omitido evitarlo.
Las niñas fueron revisadas por la médica forense con fecha 4 de mayo, quien dejó constancia de lesiones compatibles con abuso sexual en dos de las niñas.

Desde el inicio del proceso la defensa de María Ovando planteó la posibilidad de que las niñas hayan sufrido los abusos en el seno de la familia de la denunciante, línea de investigación que fue descartada por el juez de instrucción y la Fiscalía.

Durante el juicio oral, la médica forense admitió que las lesiones podían ser recientes al momento de la revisión, refiriendo con ese término a un período de ocurrencia no mayor a diez días, tiempo en que las niñas ya se encontraban viviendo con la abuela. Esto lo puntualizó la defensa, pero el Tribunal no consideró este elemento.

“El Tribunal cita toda la prueba y omite decir que las lesiones que presentaban las nenas eran recientes, ocurridas durante el término en que estaban con su abuela paterna. Esas omisiones determinan el sesgo que tiene el tribunal para condenar”, opinó Paredes.

Otro de los aspectos señalados por la defensa de Ovando es el presunto incumplimiento de los protocolos que guían la realización de las entrevistas a menores en Cámara Gesell, que son la prueba en la que se basa la construcción de la causa judicial contra Ovando, Laurindo y Ferreira.

“La identificación de Marcos Laurindo y Lucas Ferreira como los agresores sexuales de las niñas surge de dichos de la denunciante, que sindicó al primero de ellos como el marido o el novio de María y al segundo como su amigo. La mención de las niñas hacia ellos en la entrevista es errática e imprecisa, y sus nombres le fueron inducidos por la profesional a cargo”, señalaron desde la defensa.

Una vecina declaró que creía que Marcos Laurindo era el marido de María Ovando, hecho desmentido por otros testimonios en la causa, apuntaron. Sin embargo, el Tribunal dio por cierta esa relación en sus fundamentos basándose en los testimonios de las niñas y de la vecina. Al dar por probada esa relación con María Ovando, los jueces agravaron la pena contra Marcos Laurindo al atribuirle deber de guarda hacia las niñas.

La defensa de los condenados tiene hasta el 26 de noviembre para apelar el fallo.

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