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La Pampa vuelve a Corte para ejecutar millonaria deuda de coparticipación de Nación

Pasado el ajetreo de la campaña que derivó en la unción el 19 de mayo del peronista Sergio Ziliotto como gobernador electo, el saliente Carlos Verna rubricó en las últimas horas un decreto que define el retorno de la Pampa a la Corte Suprema de Justicia para exigir “ejecutar una sentencia” de pago ante la falta de acuerdo con el Gobierno de Mauricio Macri en la modalidad para saldar una millonaria deuda de coparticipación.

La nueva estocada se produce cuando, en paralelo, el socialista santafesino Miguel Lifschitz espera con expectativa un fallo del máximo tribunal en torno al formato de pago de un aún más pesado retroactivo de coparticipación -reclaman unos $ 80 mil millones- por las detracciones sobre remesas coparticipables del 15% para la ANSES y del 1,9% para la AFIP.

El escenario, en este rubro, es de fuerte presión para las arcas nacionales: en febrero pasado, ya una sentencia de la Corte había ordenado pagarle a San Luis, que comanda Alberto Rodríguez Sáa, $ 15 mil millones por esas retenciones (lo que se conoció aquella jornada fue el monto de esa obligación).

Estos dos últimos distritos, curiosamente, coinciden en que el domingo que viene renovarán gobernador, por lo que en los hechos las nuevas autoridades serán las que pilotearán el resto de las conversaciones-

En el caso de La Pampa, en noviembre pasado la Corte había otorgado un plazo de 120 días -que expiró el pasado lunes- para que la administración de Macri y el Ejecutivo local se pusieran de acuerdo en la modalidad de pago (forma y plazos) de la deuda (capital e intereses) por la retención indebida del 1,9% de la coparticipación para financiar a la AFIP.

Pero las posteriores tres reuniones entre las partes (en diciembre, enero y marzo) no permitieron arribar a un acuerdo, por lo que Verna instruyó al Fiscal de Estado, José Vanini, para que “inicie las acciones judiciales que estime convenientes a fin de ejecutar la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha de 6 de noviembre de 2018, en los autos caratulados La Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional s/acción de inconstitucionalidad”.

En filas del vernismo entienden que el Gobierno de Macri dio por “finalizadas las negociaciones” el 11 de marzo -dicen que les ofrecieron un pago “en obras”- pero advierten que “se niega a firmar el acta que da cuenta de ese hecho”.

“Están dejando al descubierto, una vez más, la falta de predisposición del Estado nacional de considerar las pretensiones en materia de cálculo de intereses y formas de pago mantenidas por la provincia y formular una propuesta conciliatoria”, castigaron.

Por esas horas, se hablaba de un entendimiento a priori respecto del stock de deuda, de $ 2.145 millones, que con intereses escalaba a $ 4.167 millones.

En despachos pampeanos remarcan que el pasado lunes expiró el plazo de 120 días para llegar a un acuerdo y que, entonces, está “habilitada la vía de la ejecución de sentencia” de la Corte nacional del 6 de noviembre de 2018.

En aquel fallo, el máximo tribunal hizo lugar a una demanda presentada por La Pampa y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1, inc. a y 4 del Decreto 1399/01, por lo que ordenó al Estado Nacional a pagarle “las sumas retenidas en virtud de dicha normativa en concepto de coparticipación federal”.

“Entiende que la cuestión planteada en autos resulta análoga a la resuelta por la Corte en los fallos Provincia de Santa Fe c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad del 24 de noviembre de 2015, y Provincia de San Luis c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos, de la misma fecha”, afirmaron en aquella oportunidad desde la Corte.

En esa línea, recordaron que “en dichos precedentes el máximo tribunal argumentó que el Poder Ejecutivo no puede unilateralmente modificar un régimen que, según exige la Constitución Nacional, debe ser acordado por todas las provincias y el Estado Nacional”.

Fuente: Ámbito.

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