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La reflexión debiera ganar espacio en la demanda salarial para evitar una crisis sanitaria

La realidad aporta hoy un contexto nuevo, diferente, en el que se desenvuelve toda la sociedad, por lo tanto apelar a formas de reclamo vigentes en el pasado, no hacen más que poner en peligro la situación sanitaria virtualmente excepcional alcanzada por Misiones, con un enorme esfuerzo.

Porque además aquí hay un diálogo permanente, aún más allá de los acuerdos alcanzados con los gremios con personería gremial que históricamente llevan adelante las tratativas salariales. No se entiende entonces porqué hay sectores disidentes apartados de la institucionalidad que, a pesar de ser atendidos en mesas de diálogo, realizan manifestaciones en las que se vulnera el distanciamiento social. Uno de los pivotes en los que se asienta la necesaria prevención. Y hay hasta quienes se quitan el barbijo.

Son todos docentes los que realizan las “asambleas docentes” que cortan el tránsito en las rutas? Son todos personal de salud pública que se manifiesta en el Hospital Madariaga después de que se hubiera acordado la recomposición salarial? Los interrogantes no encuentran respuestas.

Al mismo tiempo, en otra actitud sin precedentes comerciantes, empresarios, productores, salen a exhortar a sostener la cordura, a avalar el diálogo con el que el gobernador Oscar Herrera Ahuad encara los reclamos sectoriales. La demanda de responsabilidad social tiene que ver con la puesta en peligro del nivel sanitario alcanzado, inclusive a pesar del recrudecimiento de casos en el resto de la Argentina, en Paraguay y Brasil.

Las cámaras empresariales –provinciales y nacional- hacían notar que “Misiones no se merece” volver a la fase 1, es decir volver a la cuarentena estricta que impuso en un primer momento con marcado éxito si así se puede llamar haber logrado un menor número de casos y mucho menos número de fallecidos, a pesar de que cada muerte es un hecho lamentable para familiares, vecinos, la sociedad en su conjunto.

Nadie desconoce la razonabilidad del reclamo habida cuenta del retraso salarial ocurrido no en estos últimos 10 meses de los nuevos últimos gobiernos, sino arrastrándolo desde la gestión nacional anterior que vulneró toda la economía, a los trabajadores, sumergiendo a las Provincias en la pobreza. Curiosamente en esos cuatro años de penurias no hubo protestas como las vividas en las últimas semanas.

Lo que fue ponderado porque Misiones siempre eligió el diálogo, siempre trató de responder a trabajadores, comerciantes, empresarios, productores. A pesar de la merma de la coparticipación, de la inequitativa distribución de la riqueza.

Y ahora cuando empieza a vislumbrarse a nivel nacional la posibilidad de un recupero de la economía gradual, dificultoso pero posible luego de cerrar los acuerdos por la histórica deuda pública, cuando el riesgo país cae a los 1.000 puntos, los reclamos se potencian en protestas callejeras que ignoran las prevenciones de la pandemia.

En la última sesión de la Cámara de Representantes, el diputado Hugo Passalacqua, ex gobernador  y vicepresidente primero de la Legislatura rendía homenaje “a la ética del diálogo” del Gobierno de Misiones, al cuidado de la ciudadanía encarado por el Gobernador. Y a la performance cumplida: “16 años ininterrumpidos en los que la Provincia pagó salarios el último día hábil de cada mes  (i8ncluso a veces antes como ocurrió el 28 de agosto último), cuando está obligada a hacerlo entre los días 1 y 5 de cada mes siguiente. Y recordaba que el Estado “no es patrón, porque no obtiene ganancias, sino empleador” y señalaba la administración austera llevada adelante que le permitió sostener las cuentas en orden”.

Más aún desde el sector empresarial se les recordaba a los trabajadores públicos que protestaban –docentes y agentes sanitarios- que depende de la actividad económica no sólo el nivel de vida de los trabajadores privados –fuertemente afectados por el cese de muchos rubros- sino la recaudación del Estado que genera los recursos con los cuales atender agentes y servicios públicos. “Misiones es la Provincia con menor cantidad de empleados públicos cada 1.000 habitantes”.

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