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Malestar con el Jurado de Enjuiciamiento: proponen que el pueblo juzgue a los jueces

Posadas Justicia

En una entrevista exclusiva a C6 Digital, Marcelo Rubén Subizar, abogado y contador público nacional, explicó de qué se trata el Jurado de Enjuiciamiento, sus falencias y comentó sobre las denuncias al respecto que realizó.

Este órgano de la Constitución, tiene por función juzgar las conductas de los jueces en 3 aspectos: a) Incapacidad física o mental, b) Delito en el cumplimiento de sus funciones y c) falta de cumplimiento de los deberes de funcionario.

¿Quiénes pueden formular una denuncia de Jurado por Enjuiciamiento? Cualquier ciudadano del pueblo Misionero lo puede realizar. No requiere de escritos sacramentales, sólo debe identificarse, identificar al juez, a los hechos que considera réprobos y presentarlo en el palacio de justicia de la provincia.

El mismo se compone por el presidente del Superior Tribunal de Justicia y dos ministros del Partido Justicialista, dos miembros del Poder Judicial, dos del Poder Legislativo y dos abogados de la matrícula.

Sobre esto, Subizar se declaró disconforme con el funcionamiento de este ente, ya que comentó que “el jurado de enjuiciamiento es un ping-pon, y por eso creo firmemente que debería estar compuesto por doce miembros del pueblo”.

Además, alegó que “la justicia argentina está en crisis” y que “el que se tiene que cuidar es el juez, porque el que tiene que tener vocación de servicio es el juez”, y no al revés, como sucede en la realidad.

Asimismo, la estructura nacional “Consejo de la Magistratura”, dicho por sus operadores, no funciona, dado que se encuentra trasvasada por la política y pese a ser mucho más abierta, su composición reúne también a seis representantes de los ámbitos académicos o como el Municipio prevé, 2 electores legos desinsaculados del pueblo.

“Las cosas están invertidas, no hay un ejercicio de la democracia, no hay un ejercicio del estado de derecho”, comentó el abogado. Y también manifestó “yo tengo varias denuncias planteadas contra determinados jueces, por barbaridades que han hecho, y no se tramitan, duermen el sueño de los justos”.

Tanto la composición como la forma de funcionamiento del tribunal, conducen a su inhabilidad toda vez que las audiencias deben ser públicas desde ab initio una denuncia y, de igual forma, dar a conocer el voto de cada uno de los miembros, puesto que todos ellos votan en nombre del pueblo y el pueblo debe conocer el pensamiento que trasuntan sus representantes. El hecho que el denunciante no sea parte, no significa que, el expediente para aquel o para los medios, sea secreto.

Otro yerro legislativo dentro de su reglamentación es que, cualquier órgano judicial tiene su órgano revisor. Incluso el Superior Tribunal de Justicia tiene un verificador, pero el Jurado de Enjuiciamiento no lo tiene y sus decisiones son definitivas e irrecurribles. Al estilo de la época medieval y de un rey que es intocable.

Entonces, la destitución o no de un juez radica en manos de sujetos que están vinculados al Estado, cuya decisión es definitiva. Y este carece completamente de visos democráticos, ni del estado de derecho, volviéndose así, más que un control, un blindaje al actuar de los jueces.

Como secuela de este mal funcionamiento de los controles a los jueces, existen “mafias enquistadas” que reniegan de la vocación de servicio en favor de los justiciables y responden a intereses ocultos, en perjuicio de los ciudadanos.

La ciudadanía no se mete en estas cuestiones por varios motivos: la cuestión económica, el tiempo, el miedo y, porque no, la desidia. Empero, este miedo a denunciar está inserto en los mismos profesionales que, por no “quedar mal” ante el tribunal deciden bajar la cabeza y con ello, hacen una genuflexión a la anarquía conductual. Y, retomando lo que comentaba Subizar, estas denuncias nunca llegan a buen puerto, por lo que muchos consideran inutil realizarlas.

El mejor ejercicio de la democracia y el estado de derecho se trasunta en la transparencia y, ello viene de la mano del ejercicio que pueda hacer de ella el propio pueblo, dado que, es una elección ética la que debe hacer el tribunal (más que jurídica) pues, correspondería que fueran electores extraídos de los mismos vecinos los que decidan la continuidad o no del juez denunciado.