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JUSTICIA

Mayra Bogado: una causa por abuso con múltiples cuestionamientos y final incierto

La causa judicial que tiene como imputada a la travesti Mayra Magdalena Bogado (42) sumó un nuevo capítulo. La defensa de la mujer transgénero, a cargo de Nelson Ortiz, apeló la decisión del juez de Instrucción Marcelo Cardozo, quien se negó a dictar el cese de la prisión preventiva contra la acusada de haber violado a un chico de 13 años en Garupá en septiembre de 2015.

El letrado, que conforma el estudio jurídico Jabornicky y Asociados, sostuvo en su escrito que “la imputada Bogado se encuentra sujeta a proceso desde su detención, y se halla privada de libertad en la causa de referencia en la modalidad de prisión domiciliaria. Por lo dispuesto por la Ley 24.390 -dos años sin sentencia firme (e incluso en su totalidad cumplidos los tres años si contamos la prórroga extraordinaria -fundada del Art. 1º ley 25430), no es posible extender el plazo de detención. El Art. 1º de la Ley 25430, que es reglamentaria del Art. 7º punto 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, prescribe que ese es el ‘plazo razonable’ para que una persona sin sentencia, manteniendo lógicamente su estado de inocencia constitucional y presa con prisión preventiva, acceda al derecho de excarcelación por cese de prisión preventiva es de 2 años o lo sumo tres según la reforma, pero ya han sido cumplidos con largueza sin que se avizore siquiera la fecha de debate, lo que es insólito que su principio de inocencia se vea así menoscaba como el derecho de acrecer a los derechos consagrados en los Pactos y Tratados de Derechos Humanos”.

Aseguró que “no hay peligro procesal ni de obstruir el curso de la Justicia ni peligro hacia la víctima (supuesta) ni riesgo de profugarse dado el arraigo demostrado que tiene mi cliente”.

“La prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto figura en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que la prisión preventiva de los procesados no debe   constituir la regla general (artículo 9.3). Se incurriría en una violación a la Convención al privar de libertad, por un plazo desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene los principios generales del derecho universalmente reconocidos”, consideró.

El juez Cardozo había opinado en su resolución que en Misiones no ha habido norma alguna de la Legislatura provincial que adhiriera a la Ley Nacional 24.390, modificada por la 25.430, invocada por la defensa de Mayra. Esa ley nacional es la que regula el instituto de la prisión preventiva.

El magistrado recordó que hay antecedentes de los Tribunales Penales de Misiones que han propugnado la inaplicabilidad de esa norma en el ámbito de la Justicia Ordinaria de Misiones.

Mayra goza desde mediados del año pasado el beneficio de la prisión domiciliaria, aunque sigue con la preventiva firme, la que fue prorrogada en su momento.

El expediente por abuso volvió en 2019 a la instancia de instrucción luego de que el Tribunal Penal Dos declarara nula la elevación a juicio, porque había recursos de apelación que estaban pendientes y porque no se había hecho de manera correcta la conformación como querellante de la madre del chico que asegura haber sido ultrajado.

Ahora la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores se pronunciará sobre la apelación, en una causa que cumplirá en 2020 cinco años de tramitación y cuyo final se vislumbra incierto.

 

 

 

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