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Violación de Derechos Humanos: las condiciones sanitarias de los centros de detención clandestina

En el marco del tratamiento de Asuntos Constitucionales, de los Derechos Humanos, Municipales y Juicio Político, el diputado Rafael Pereyra Pigerl habló sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar de Argentina, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional​ (PRN)​​.

“Trabajé como querellante en los juicios de lesa de humanidad de Misones pidiendo justicia y memoria y el principal delito que existía en Argentina con el terrorismo de Estado era la tortura, cuando no la desaparición o el homicidio”, relató el legislador.

En la misma línea, precisó que “se dio después de marzo del ’76 -y antes inclusive- en moneda común con estos grupos pantánicos que causaron muchísimo daño a la sociedad”. “Acá también ocurrió lo mismo”, dijo refiriendo a la provincia.

En tanto, Pereyra Pigerl resaltó el avance del derecho respecto a la definición de tortura, calificandola como “el peor de los delitos” según reconocidos autores penalistas. “Es el peor desconocimiento de la humanidad en su conjunto”.

En este contexto, señaló que las condiciones sanitarias de los centros clandestinos de detención también son consideradas tortura, ya que fueron violaciones a los Derechos Humanos.

Atrocidades del ’76

Los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, (CCDTyE —o CCDyE o CCD— por sus siglas) fueron instalaciones secretas preparados por las Fuerzas Armadas y de seguridad de Argentina, se clasificaban en dos tipos:

  • Lugar Definitivo (LD): tenían una organización más estable y estaban preparados para alojar, torturar y asesinar a grandes cantidades de detenidos.
  • Lugar Transitorio (LT): tenían una infraestructura precaria y estaban destinados a funcionar como un primer lugar de alojamiento de los detenidos-desaparecidos.

Los Grupos de Tareas (GT, también conocidos como “patotas”) se encargaban de perpetuar secuestros, generalmente de noche. Inmediatamente los detenidos-desaparecidos eran llevados al CCD correspondiente, donde permanecían encapuchados y esposados.

Luego eran severamente torturados e interrogados por integrantes de los GT. El tiempo de este período inicial de tortura variaba considerablemente, pero en términos generales puede decirse que oscilaba entre uno y dos meses. Con posterioridad a ese período inicial de tortura-interrogatorio, se disponía:

  • El asesinato del detenido-desaparecido o detenida-desaparecida. En todos los CCD se utilizó el mismo eufemismo para referirse homicidio: “el traslado”. Los métodos utilizados para el asesinato y desaparición de los cadáveres variaron desde los llamados vuelos de la muerte, los fusilamientos en masa, fosas comunes, tumbas NN, incineración de cadáveres, entre otros.
  • El blanqueo: se legalizaba al detenido-desaparecido y se lo ponía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. A partir de 1980, se podía derivar la deportación y el exilio, por el uso de la opción constitucional (Art. 23), o el enjuiciamiento por tribunales militares y la condena a prisión.
  • La libertad.
  • La continuidad como detenido-desaparecido por razones variadas (utilización como esclavos, colaboradores o rehenes, son algunos ejemplos).

El CEP 4 de Posadas funcionaba como Centro Clandestino de Detención

Durante su permanencia en el CCD se procedía sistemáticamente a la deshumanización de los detenidos-desaparecidos mediante diversos procedimientos: sustitución del nombre por un número, violaciones, animalización, humillación, hacinamiento, condiciones intolerables de alojamiento, aislamiento, desnudez forzada, racismo, antisemitismo y homofobia.

También existió una política y un procedimiento común para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En dicho caso, se postergaba el homicidio hasta el momento de asistir el parto, de manera clandestina y surpimiendo la identidad del bebé, que era entregado a personas íntimamente vinculadas al sistema.

 

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